• La Bagatela 46 con Marcelo Torres
  • No es mentira que la política de Seguridad en Bogotá es pura palabrería.
  • No es mentira que Peñalosa se ha opuesto de mil maneras a la construcción del Metro de Bogotá.
  • No es mentira que Peñalosa no escucha.
  • Yezid García y la Van der Hammen
NOTAS DE INICIO DE AÑO (I)

La posesión de Donald Trump, acontecimiento que concierne a todo el globo, y el escándalo generado por la corrupción sin fronteras de la empresa Odebrecht, copan el espacio de la atención pública. Sin embargo, los asuntos que subyacen a estas conmociones mediáticas, como la suerte de la paz colombiana, que es la misma del país, y el suceso íntimamente vinculado a dicho proceso, las elecciones presidenciales de 2018, aún distante, ameritan por motivos igualmente insoslayables que nos ocupemos de ellos. Tales asuntos pueden tener, como el movimiento de las placas tectónicas del planeta, en cámara lenta y sin audio, consecuencias devastadoras.

Este año hará cien de la primera revolución socialista del mundo. Echamos en falta el gran balance de la soviética, la china, la cubana y varias otras que llenaron un siglo convulso y trágico, en punto a desentrañar las leyes del genuino camino de la revolución como construcción de un mundo nuevo. Tendremos mucho que aprender de ese camino recorrido, inédito, tortuoso, pletórico de luchas, hazañas, yerros y aciertos, pero al fin, sendero inicial del nuevo porvenir de la especie humana. Por lo pronto, seguimos cumpliendo el deber de desentrañar adónde apuntan las tendencias del día, para fundar en la realidad, hasta donde seamos capaces de descifrarla, el quehacer del presente e inmediato futuro.

Las notas que siguen buscan cumplir dos imperativos de la política. Primero: determinar sin espejismos qué momento atravesamos. Y enseguida, de conformidad con esa realidad, cuál es la táctica plausible. Con ese cometido abordaremos los resultados del año que terminó, para proponer esbozar la línea que oriente nuestra acción en el que comienza.

Cuatro hechos básicos, como las tendencias que se revelan en ellos, parece arrojar el balance de 2016: la consolidación de los acuerdos de paz, las candidaturas presidenciales para 2018, la revocatoria de Peñalosa y el viento mundial de derecha. En este escrito examinaremos los dos primeros.
La paz

Los acuerdos de paz finalmente salieron adelante. Luego de que la renegociación subsiguiente a la mayoría del No en el plebiscito desembocara en una nueva firma de los acuerdos modificados entre Gobierno y Farc, estos recibieron luz verde constitucional y después la aprobación del Congreso, en cumplimiento de la ratificación prevista de dichos acuerdos. Pero también quedó claro que la facción más fuerte e influyente de la extrema derecha, la encabezada por el expresidente Uribe, después de haber tratado por todos los medios de sabotearlos e impedirlos, y de no aceptar los acuerdos definitivos modificados, se opondrá resueltamente a su implementación. Esto significa que debemos contar, entre los cursos factibles del desenvolvimiento de la situación nacional, con la posibilidad de nuevos procesos de violencia desatados por grupos ilegales armados opuestos a la paz.

➤A pesar de los obstáculos presentados en la última fase del proceso de paz ─algunos de magnitud inesperada─, empezando por el mayúsculo traspié plasmado en la mayoría del No, los hechos muestran que después del plebiscito hubo un manejo adecuado de esta última parte del proceso, manifiesto en el esfuerzo hecho en el curso de la renegociación para incorporar al apoyo nacional a los acuerdos a los voceros de quienes se habían opuesto a los mismos, sobre la base de preservar lo imprescindible de lo pactado en La Habana entre Gobierno y Farc.

➤Los acuerdos mantuvieron sus bases fundamentales referentes a los asuntos esenciales, necesarios y posibles de acordar en las actuales condiciones de Colombia, para poner fin al largo conflicto armado con las Farc. A saber: dejación de las armas, reparación de las víctimas, no impunidad para los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por los participantes en el conflicto, y garantías para la reincorporación de los alzados en armas a la vida civil. Las reformas llamadas estructurales o cambios de fondo del modelo económico-social no se abordaron, habida cuenta del balance real de fuerzas en cuyo marco tuvieron lugar las negociones de La Habana. La pura y simple paz, que era para lo que daba el momento, representa un beneficio inmenso en la vida nacional, que puede abrir puertas para la lucha por una democratización y transformación profundas del país. No obstante, en los originales acuerdos de La Habana se estamparon algunos puntos que rebasaban, sin duda alguna, los límites precisos de la terminación del conflicto armado, especialmente en el terreno del agro, como la actualización del catastro y otros. En la renegociación posterior al plebiscito se rechazaron, en consecuencia, las pretensiones uribistas de negar representación política a la fuerza reincorporada a la vida civil, las Farc. En la misma forma tampoco se aceptó la demanda de imponer penas sujetas al régimen carcelario ordinario para los responsables de esa agrupación de crímenes de lesa humanidad y de guerra, y se dio una salida adecuada a la negativa del uribismo a darle rango constitucional a lo pactado en calidad de acuerdo especial, al incorporar al bloque de constitucionalidad las partes de los acuerdos concernientes al DIH. Se introdujeron, en cambio, en los nuevos acuerdos, precisiones relativas a restricciones a la libertad más rigurosas para los responsables de los execrables crímenes aludidos.

Se percibió, empero, algunos retrocesos o debilitamientos habidos entre el texto de los acuerdos originales y el de los acuerdos renegociados, principalmente en materia agraria. Que se tradujo en el alargamiento de algunos tiempos de la implementación de medidas acordadas para el agro, la disminución del papel de la participación campesina y comunitaria en los planes agrarios para la fase de implementación y, sobre todo, en que se redujo sustancialmente el alcance de la actualización del catastro rural al sujetarlo a normas legales vigentes favorables al rentismo granpropietario.

Por lo demás, debe tenerse en cuenta que estos retrocesos no ocurren en un vacío histórico–político: reflejan el acuerdo básico, de largo plazo, sobre la gran propiedad territorial, entre las dos clases que, por largo tiempo, establecieron su dominio conjunto sobre Colombia, la gran burguesía y los grandes terratenientes. Después de las tímidas, inconclusas y nunca resueltas tentativas legales de López Pumarejo de 1936 por presionar la utilización productiva de los latifundios por sus poseedores, se arribó a la llamada “pausa” de 1945, que no fue más que una transigencia con el arcaico régimen precapitalista de la tierra. Vino la Violencia liberal–conservadora que no sólo frenó cualquier hálito de reforma sino que terminó ensanchando la gran propiedad territorial. Después, con el descontento creciente hacia el Frente nacional bipartidista alentado por el gran influjo de la revolución cubana, y bajo la presión norteamericana por contrarrestarla, llegó la reforma agraria de 1961. Poco después de una década más tarde, para sofrenar el auge del movimiento campesino impulsado con la reforma, y como resultado de la contrarreforma de latifundistas de ambos partidos tradicionales y la anuencia oficial conservadora y liberal, se selló el Pacto de Chicoral. Este consagró el acuerdo de la élite gobernante para que en Colombia la transformación capitalista del agro no tuviera lugar mediante revolución sino por una evolución extraordiariamente lenta y plagada de sacrificios para los pobres del campo. La vía junker o terrateniente a la colombiana. El gobierno de Juan Manuel Santos, con un desacuerdo con la facción de Uribe en lo concerniente a la paz, tan intenso que raya en lo antagónico, no se sustrae en cambio, al acuerdo entre grandes capitalistas y terratenientes sobre el agro. La huella del mismo, percibible en numerosas normas de la legislación agraria, sobresale en la favorabilidad oficial de los gobiernos hacia la apropiación privada, capitalista-terrateniente, de los baldíos como en la llamada Ley de las Zidres.

Ello explica ─que no justifica─, del lado del Gobierno Santos, los retrocesos habidos entre los acuerdos originales de La Habana y los renegociados. Y del lado de las reformas progresivas del agro, los límites impuestos por la actual correlación de fuerzas. Debiera recalcarse que, con todo, en los acuerdos renegociados pudieron preservarse sus aspectos esenciales, que era lo principal, lográndose finalmente la ratificación institucional. Aunque el uribismo y otros sectores de derecha, como quedó dicho, consiguieron debilitarle algunos de sus aspectos progresivos sin otorgar su aprobación y apoyo a los nuevos acuerdos.

La ratificación de los acuerdos constituye una gran victoria para Colombia y una importante premisa para el buen suceso de su inmediato porvenir. En el positivo saldo, conviene no pasar por alto que la discrepancia o apartamiento de Juan Manuel Santos como jefe del Estado, de la concepción y las políticas del expresidente Uribe en el fundamental asunto de la consecución de la paz, jugó un papel no secundario ni de poca monta sino de carácter trascendente y decisivo para el país. Constatación cuya importancia reside no sólo en que haya podido cuajar y abrirse camino un acuerdo definitivo de paz con las Farc, paso adelante en el que ha de reconocerse el aporte de gobierno e insurgentes, sino en que forzosamente ha de seguirse teniendo en cuenta en las definiciones tácticas del futuro inmediato.

➤No obstante, el otro hecho básico de la situación nacional es que del respaldo a estos acuerdos no sólo no son partícipes el uribismo y sus aliados sino que ellos han mantenido y acentuado su oposición a los acuerdos con las Farc, inclusive los renegociados, y con ello al proceso de paz mismo. A ello se debe que el proceso haya sido y siga siendo tortuoso, y que el país haya padecido por parte de los adversarios de la paz la combinación de marchas de manifestantes furiosos contra el proceso de negociaciones con paros ilegales armados. Y que ahora, pese a que los nuevos acuerdos recojan varias de las propuestas de los voceros del No, se mantenga una similar o mayor oposición a los acuerdos, tan acérrima antes como después de la renegociación de los mismos.

En la oposición a los acuerdos de paz, el uribismo ha marchado acaballado en el enorme repudio nacional de vieja data a las Farc, convocando al viejo país de tradición confesional y discriminatoria, aprovechando el malestar social generalizado por los estragos de dos décadas y media de neoliberalismo ─como si sus gobiernos no hubiesen tenido nada que ver en ello─, y sacándole partido a la mala imagen del actual gobierno, resultante de su persistencia en ese modelo económico. Así, basado en algunas fuentes reales de la inconformidad nacional, pero alterando sustancialmente en su versión el cuadro de conjunto de las circunstancias básicas del conflicto armado y de la situación del país, y aupando la cultura y las ideas y creencias más atrasadas y retrógradas, ha movilizado en su causa considerables segmentos de diversos sectores sociales. En otro escrito hemos consignado cómo la izquierda, pese a valientes y significativos intentos, no pudo anteponer una eficaz actuación frente a la influencia del nefasto liderazgo uribista. Comoquiera que haya sido, lo políticamente relevante es que esta corriente, que encarna lo más reaccionario del país, dispone hoy de una fuerza muy considerable. Capaz, si no actuamos a tiempo y con eficacia, no sólo de impedir que en Colombia cristalicen los frutos de la paz sino de revertir su rumbo al oscuro tiempo de la “seguridad democrática” y los “falsos positivos”.

Pero más allá de su discrepancia con los acuerdos pactados entre Gobierno y Farc, lo que ha salido a flote es su definido propósito de atravesársele a la implementación de los acuerdos, impedir su cumplimiento e imponer su oscura concepción del Estado. La enorme extensión de las tierras despojadas al campesinado colombiano, estimada en más de siete millones de hectáreas, que sigue en juego y es considerado botín de guerra por los victimarios y beneficiarios del conflicto, está a la vista como irreconciliable manzana de discordia.

No ayudan al esclarecimiento del fondo de la situación, ni a la distinción entre verdaderos amigos y enemigos de la paz y la democracia, medidas como la reciente reforma tributaria aprobada por el Congreso a instancias del gobierno. Que pretende aprobación y aplauso a la regresiva vieja usanza fiscal, pomposamente titulada como “estructural”, consistente en que la masa de trabajadores, pequeños y medianos propietarios y empresarios, y gente del común en general, cargue con el peso principal de proveer los recursos del Estado mientras que al círculo de la cúspide se le alivia y exenciona. La obsequiosa medida del gobierno Santos ante el BM y el FMI, elevada a panacea tributaria por los fámulos criollos de las agencias internacionales del neoliberalismo, cuya voz cantante en el gabinete es el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, ni siquiera sirvió para librar al país de la reprobación de ese cancerbero del capital financiero internacional, la calificadora de riesgo Estandard & Poor’s. Tampoco podía ser bien recibido el unilateral reajuste del 7% decretado en el salario mínimo, por debajo de la inflación del año, que no llegó ni a rebasar la mitad de lo exigido por las centrales obreras y que, dado que los voceros de los obreros rechazaron la maniobra de chantaje con la que se pretendía obtener un simulacro de concertación, finalmente estuvo por debajo de lo planteado por el mismo gobierno. Habida cuenta del flagrante incumplimiento del presidente Santos a los compromisos adquiridos con el movimiento obrero en la campaña de su segunda elección, no resulta inesperada la negativa a la demanda salarial mínima de los trabajadores por el Gobierno Santos, complaciente con los grandes patronos y presto a la austeridad de la rigurosa regla fiscal para los asalariados.

El escenario donde habrá de ventilarse la pugna entablada por el cumplimiento de los acuerdos de paz es el de las elecciones presidenciales de 2018, que dominarán el panorama del nuevo año. La amenaza latente en la advertencia de Uribe, de que unos malos acuerdos pueden estimular “más violencias” puede convertirse en dura realidad que reinstaure la cruenta espiral de la política con armas. Por lo pronto, se anuncia en la serie ininterrumpida hasta ahora de dirigentes campesinos, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos asesinados. Frente a lo cual distan mucho de inspirar confianza las declaraciones procedentes de medios oficiales, a guisa de vana minimización de los hechos, de que tales asesinatos no son “sistemáticos”(¡?), o las recientes del ministro de Defensa en el sentido de que “no existe paramilitarismo en Colombia”, desmentidas de modo categórico por Humans Rigths Watch’s. Es este el más oscuro nubarrón que se divisa en la compleja panorámica nacional.

Las presidenciales de 2018

Para buena parte del país aparece clara la necesidad de proponer y propiciar una coalición muy amplia, para enfrentar la posibilidad del retorno de Uribe a la dirección del Estado con todo lo que significaría, al igual que a la eventualidad de un gobierno de Vargas Lleras, que se concrete en el apoyo a una candidatura presidencial comprometida con el cumplimiento y la consolidación de los acuerdos de paz y con otros acuerdos democráticos, pactables entre fuerzas heterogéneas pero interesadas en civilizar la contienda política.

➤Habida cuenta de la fuerza del uribismo, los fuertes indicios de apoyo del gobierno a la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras, y la fragmentación de la izquierda, la posibilidad de un retorno del ex presidente Uribe al timón de los asuntos públicos, así sea por interpuesta figura, o mediante un socio gobernante, amenaza convertirse en el peligro inminente de Colombia. Así, la eventualidad de que ese cortejo de irregularidades y horrores ─cuya fuente fueron los dos gobiernos de Uribe─ vuelva a asolar la vida nacional no puede descartarse, con el agravante de que esta vez sus artífices vendrían con mayor experiencia, avisados de sus deficiencias y errores, y por consiguiente, con mayor capacidad para ahondar esa mixtura de fascismo y neoliberalismo de que está hecho el uribismo.

De modo paradójico, Germán Vargas Lleras, el vicepresidente, resultó debilitado por el resultado del plebiscito. Aunque por su posición no podía contarse entre los partidarios de la paz ─hecho que no se esforzaba en disimular─, de haber ganado el Sí lo habría reivindicado como suyo, debido al supuesto papel de su fuerza en ese resultado, puesto que ello habría valorizado sus aspiraciones presidenciales ante las fuerzas de derecha y ultraderecha y acercado la eventualidad de tales apoyos. Pero al ganar el No, claramente se fortalecieron las perspectivas del uribismo con vistas a sus posibilidades para las presidenciales de 2018, lo cual, en la medida en que dificulta el apoyo unificado del conjunto de las fuerzas de la extrema derecha a una sola candidatura presidencial, configura un factor favorable. Así las cosas, habría sólo un caso en que podría estimarse como muy probable la colaboración y alianza entre Cambio Radical y el Centro Democrático. Sería en el evento de una segunda vuelta en las presidenciales de 2018, a la cual no pasara sino una sola de las candidaturas de estas dos fuerzas de ultraderecha, enfrentada a un candidato de carácter democrático. El problema para las fuerzas democráticas es, que hoy ─con la obvia salvedad limitante de que falta más de un año para esas presidenciales─ no aparece claro que una de sus candidaturas tenga chance de pasar a esa segunda vuelta.

➤Durante algunos momentos del proceso de negociaciones de La Habana, llegó a conjeturarse que el presidente Santos otorgaría su apoyo a Humberto de La Calle como futuro aspirante a la presidencia. Había cierta lógica, habida cuenta del aplicado papel cumplido en el mismo por el negociador de paz, y de que era de esperar que el actual mandatario estuviese interesado en que le sucediera en la presidencia un personaje que garantizara el cumplimiento de los acuerdos de paz logrados por su gobierno. En tal escenario, entre las opciones a considerar para una eventual candidatura presidencial, por su desempeño en el proceso de paz y por la fuerza que podría reunir frente a la del uribismo y demás adversarios del cumplimiento de los acuerdos, tenía que contarse la de Humberto de La Calle. Se habría abierto la puerta a la búsqueda de una muy amplia coalición, a la conformación de la fuerza suficiente para la consolidación de los acuerdos de paz, así como se conformó para respaldar su firma, y a la posibilidad de otros acuerdos democráticos pactables entre fuerzas heterogéneas pero interesadas en civilizar la contienda política. Mas el sentido de la lógica del heredero de la añeja élite centroandina no parece afín al del común de los simples mortales.

A pesar de que Vargas Lleras se mantuvo marcadamente distante de los esfuerzos de la administración Santos por las negociaciones de paz, y de que en más de una ocasión discrepó pública y ácidamente de sus resultados, el vicepresidente jugó un papel de muy alto perfil en el gobierno, tan alto que ocasión hubo en que el jefe del gobierno le recordó que era él quien firmaba los cheques. Lo cual no fue óbice para que Vargas Lleras siguiera utilizando concienzudamente las aplastantes prerrogativas del poder ejecutivo para preparar su elección presidencial. Quizá ese fue siempre el acuerdo de Santos con su vice, o fue renovado a través de sus disensiones. Como fuere, el hecho es que el anuncio del presidente sobre el retiro del vicepresidente lo presenta como “comprometido con la paz”, en tanto que Vargas Lleras revela que la decisión sobre quién lo reemplaza se tomó “de común acuerdo” entre ambos. Y sobre todo, el vice ha dicho que se retirará antes de la fecha prevista en el mandato constitucional pero que procurará terminar sus “tareas” en materia de infraestructura pública. Como quien dice, hasta despachar el grueso de la contratación faltante, y el amarre de tantos gobernadores y alcaldes a su candidatura. Semejante “guiño” parece en trance de desatar la consabida fila india, dentro y fuera de la coalición de gobierno, para congraciarse con quien empieza a considerarse poco menos que futuro presidente de la república.

➤No se evidencian factores que hagan factible, con opción de ganar, una candidatura de izquierda u otros sectores democráticos. Las candidaturas de Claudia López, Piedad Córdoba, Jorge Robledo, Sergio Fajardo, y otras que pudieren surgir, como eventualmente la de Antonio Navarro Wolf, pueden recoger importantes sectores del electorado democrático pero no es percibible que una sola de ellas pueda reunir la suficiente fuerza para superar la candidatura del uribismo y la de Vargas Lleras, salvo que se produjera un vuelco de fondo, hoy no predecible, en que el grueso de la favorabilidad pública se inclinara hacia alguna de ellas. A menos que se avengan a la realización de una consulta para escoger una sola candidatura que reuniese el conjunto de las fuerzas del más amplio espectro político, que no esté cerrada sino abierta a más nombres, y en particular al de Gustavo Petro ─el líder de izquierda con mayor marcación hasta hoy en las encuestas─, no se ve como pueda plantearse una batalla política coherente y eficaz contra los enemigos de la paz y el progreso.

Desde luego, dada la injustificable inquina de algunos sectores contra el último de los alcaldes de la corriente democrática en Bogotá, como la persistente endogamia política de la mayoría de la izquierda, renuente al extremo a realizar acuerdos o alianzas fuera de sus filas, no hay lugar a demasiado optimismo al respecto. De tal suerte que, de no efectuarse un sustantivo cambio, la eventualidad de que concurramos a unas presidenciales con la mayor concentración de fuerzas en los dos agrupamientos de la ultraderecha y con una izquierda atomizada, no es tan remota ni carece de fundamento. Y que nos topemos, en fin de cuentas, con que las dos candidaturas susodichas sean las que pasen a segunda vuelta.

El escándalo Odebrecht, que ha provocado una conmoción mediática e institucional, desencadenada no tanto por la gravedad intrínseca del asunto ─la corrupción salida de madre de las altas esferas del Estado─, sino por la acción del Departamento de Justicia norteamericano, puede tomar giros inesperados. Aunque sus billonarias contrataciones se prolongan desde el gobierno de la “seguridad democrática” hasta el actual, no es de desestimarse que pueda terminar echando agua sucia no sólo sobre el gobierno Uribe sino principalmente sobre el de Santos, puesto que al fin y al cabo el descontento con sus ejecutorias económicas y sociales ha sido y sigue siendo muy alto, ni tampoco que salpique al sucesor escogido, Germán Vargas Lleras. Lo cual, si bien dejaría maltrechas las aspiraciones del despotismo vargasllerista y favorecería así la candidatura de la variedad colombiana del fascismo, el proyecto uribista, podría significar que los antiuribistas de todos los sectores tuvieran que volver a barajar.

Ante este complejo escenario, cabe seguir trabajando porque el instinto de conservación de las más diversas fuerzas de la democracia produzca por fin un sacudón concientizador traducible en la búsqueda de un gran acuerdo por la democracia para enfrentar las amenazas ciertas. Las internas de Colombia y las del viento mundial de derecha. En todo caso, nuestro papel debiera ser el del arquero que tensa el arco, no para tirar la flecha sino para apuntar al blanco, indicando la dirección en que debe ser lanzada.

La pura y simple paz, Necesidad mayor de Colombia.

Por: Marcelo Torres.

“Urge, circunscrita a los asuntos definidos por la agenda Gobierno-Farc, la pronta conclusión de las negociaciones de La Habana, lo más pronto que sea posible, con la firma de los acuerdos de paz. La pura y simple paz, sin añadiduras condicionantes que, aunque justas y necesarias en relación con la democracia y las reivindicaciones sociales, en la situación actual del balance de fuerzas hoy existente en Colombia,
sólo propiciarían la dilación de las negociaciones y acaso la postergación indefinida de los acuerdos de paz”.

Al cabo de recientes noticias alarmantes y de decisiones oficiales erráticas, por fin el país fue enterado de una buena nueva. En efecto, el pasado 12 de mayo se anunció desde La Habana que gracias a lo último allí acordado por el Gobierno y las Farc, el camino para garantizar que el acuerdo final de paz no sea desconocido en el futuro, es incorporarlo transitoriamente a la Constitución colombiana, en calidad de un acuerdo especial previsto en el Derecho Internacional Humanitario, hasta su cabal cumplimiento.

En esa dirección, la administración Santos se comprometió a presentar, antes del 18 de mayo –como en efecto lo hizo–, en el trámite que adelanta actualmente en el Congreso el proyecto de Acto Legislativo para la paz, un procedimiento legislativo especial que eleve a la categoría de acuerdo especial el acuerdo final a que lleguen las partes en La Habana, de conformidad con el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y para ser incorporado a dicha reforma de la Constitución como nuevo artículo constitucional transitorio. En este también se incluye que, en el marco constitucional del derecho a la paz, el gobierno procederá a presentar un proyecto de ley que apruebe el acuerdo final de paz como un acuerdo especial de Derecho Internacional Humanitario que así podrá entrar a formar parte del bloque de constitucionalidad y servir de referente para la implementación y desarrollo de los acuerdos de paz.

El presidente de la República también se comprometió a remitir al secretario general de Naciones Unidas una declaración que, con base en la resolución 2261 del Consejo de Seguridad del 25 de enero de 2016, genere un documento oficial de ese organismo que recepcione lo acordado y anexe el acuerdo final de paz a dicha Resolución. El control constitucional tanto para la aprobación de la ley aprobatoria del Acuerdo Especial, como para la implementación del acuerdo final mediante Leyes ordinarias o leyes estatutarias sería, en cada caso, único y automático. Asimismo, el gobierno retirará de la tramitación del Acto Legislativo en mención, la proposición aditiva “Jurisdicción Especial para la paz” y esta será reemplazada en el artículo transitorio por el acuerdo Gobierno-Farc de 15 de diciembre de 2015.

Y por último, el acuerdo final de paz sólo podrá entrar en vigencia luego de que los colombianos se hayan pronunciado sobre el mismo y lo hayan refrendado con su aprobación. Como explicó el mismo presidente Santos, “Los acuerdos tendrán que ser refrendados popularmente... para que entren en vigencia”(1).
Luego de la firma del cese al fuego y de la correspondiente al acuerdo final, lo que se calcula para finales de junio –como ha estimado una conocida publicación–, vendrían dos meses, concluidos los cuales empezaría el desarme y para ese momento (agosto) estaría ya también aprobado el Acto Legislativo para la paz. Entonces, “en septiembre u octubre”(2), se efectuaría el referendo previsto en el cual el pueblo colombiano tendría la última palabra, y tal vez Colombia podría traspasar el umbral de un nuevo período de su historia.

Como era de esperarse, las inmediatas y virulentas reacciones se manifestaron a granel. Lo cual no impidió que, a pesar de las modificaciones de última hora pretendidas por los conservadores, fuese aprobado en la Cámara en su séptimo debate, el proyecto del Acto Legislativo para la paz. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el más acérrimo de los opositores de la paz, concentró su ataque tildando el acuerdo de La Habana “de impunidad total”(3) para las Farc, descartando olímpicamente la enseñanza universal de los acuerdos de paz consistente en que, si realmente se quiere encontrarle una salida negociada a un conflicto armado, con el objetivo superior de ahorrar sangre y padecimientos al conjunto de la población, resultan inevitables las concesiones de parte y parte en una muy importante proporción. Amén de las consabidas lisonjas, repletas de cizaña, dirigidas a las Fuerzas Armadas del Estado, Uribe Vélez arremetió contra los inminentes acuerdos de paz con otro de sus estribillos: que los guerrilleros podrían aceptar crímenes para no pagar sus condenas en prisión. Catalogó tal eventualidad como “la madre de nuevas violencias”(4), en abierto desprecio a la necesidad de restablecer la verdad histórica para consolidar la paz.

En esta ocasión, la respuesta del presidente Santos a la última diatriba del adalid del Centro Democrático estuvo más a la altura de las circunstancias. “En mi gobierno nadie ha chuzado a la oposición, ni mucho menos a la Corte Suprema... nadie está preso por haber comprado la reelección”5, afirmó Santos, blandiendo notables acusaciones políticas que todo el país conoce. Y un formidable argumento de fondo contra Uribe, revelador de la dimensión adquirida por la lucha política en Colombia: “Y han acudido a todo tipo de ataques, inclusive llamando a la resistencia civil, esa misma que antes proponía Carlos Castaño.”(6)

La anterior renuencia del gobierno a llamar por su nombre a la mayor amenaza actual de Colombia: el recrudecimiento del paramilitarismo con causa política –dado el resquemor previsible en ciertos círculos castrenses y policiales–, queda así, si no superada por lo menos sí marcada con un buen comienzo de rectificación. Pareciera que, más allá de precisiones semánticas, empezara a atenderse el reclamo del país democrático a la administración Santos, relativo no sólo a alertar a la nación sobre el principal peligro de la hora que se cierne ante el Estado de derecho sino respecto del necesario despliegue de acciones de gobierno para conjurarlo.

Porque los peores sucesos recientes en el enrevesado cuadro de la situación colombiana, de signo antagónico al proceso de negociaciones de paz de La Habana, han sido, sin duda alguna, el paro armado del 31 de marzo y 1º de abril pasados y la marcha uribista del día siguiente. No solo por su sangriento saldo y la perturbación de la tranquilidad pública en ocho departamentos, amén de la sensación de desprotección e indolencia del Estado de muchas de las poblaciones intimidadas en los 36 municipios afectados, sino por el sombrío mensaje que arrojó sobre el país. A saber: que la trágica mezcla de política y armas se reafirmó de modo tan brutal como explícito en la combinación del paro violento con la marcha del uribismo, puesto que el primero llamó abiertamente al respaldo de la segunda, en tanto que Uribe ni condenó el paro ni rechazó el beligerante espaldarazo. Además: que quedó muy patente la determinación de tan oscura juntura de oponerse por todos los medios, políticos y armados, al buen suceso de las negociaciones de paz. Y que, como remate, revela que a sus artífices, lejos de preocuparles que la combinación de sus acciones y la identidad de sus propósitos haya quedado en evidencia de golpe y porrazo ante la opinión pública, más bien les satisface haber notificado a Colombia de su ánimo belicoso y resuelta oposición a la paz.

No hay que perder de vista que el expresidente Uribe planteó hace poco al gobierno “un acuerdo político y de Estado” con su facción política, antes de que se firmaran los acuerdos de paz con las Farc. Lo cual fue reforzado después con la seguidilla paro armado/marcha uribista, que configuraría un “argumento” en pro de su exigencia –muy en línea con la más clásica tradición de combinación de todas las formas de lucha por la extrema derecha colombiana–, de que no habrá paz sin el uribismo a bordo. Ante esto, conviene puntualizar que el fundamental objetivo de la paz, el de desterrar de la política el uso de las armas, amerita ciertamente acuerdos del Estado –en el momento y con el contenido adecuados– con aquellas causas políticas que cuentan con huestes ilegales de efectivos con fusiles, sean ultraderechistas o extremoizquierdistas. Pero no puede esto significar que a tales causas se les otorgue estatus de fuerza codirigente del Estado ni mucho menos que se les permita erigirse en árbitros de las negociaciones de paz, definiendo con quién se negocia y con quién no, en qué condiciones y sobre cuáles puntos. Y es lógico que el gobierno rechace cualquier entendimiento bajo la presión de paros armados o de la persistencia de la execrable práctica del secuestro.

La tarea principal de la democracia colombiana hoy reside en rodear y respaldar la culminación del proceso de paz y, enseguida, en movilizar el mayor número posible de colombianos en apoyo al plebiscito o a cualquier otro procedimiento refrendatorio que plasme el respaldo del pueblo. Urge, por tanto, que el gobierno concite a las fuerzas democráticas, incluida la izquierda y el movimiento obrero, a la “movilización contundente en favor de la paz”, anunciada por el presidente Santos en su alocución ante el Congreso Nacional Liberal, para elaborar y adelantar conjuntamente un plan de acción que contrarreste eficazmente la oposición de la extrema derecha.

Urge, circunscrita a los asuntos definidos por la agenda Gobierno-Farc, la pronta conclusión de las negociaciones de La Habana, lo más pronto que sea posible, con la firma de los acuerdos de paz. La pura y simple paz, sin añadiduras condicionantes que, aunque justas y necesarias en relación con la democracia y las reivindicaciones sociales, en la situación actual del balance de fuerzas hoy existente en Colombia, sólo propiciarían la dilación de las negociaciones y acaso la postergación indefinida de los acuerdos de paz. Por lo demás, en una muestra de positivo pragmatismo, las Farc se han abstenido hasta ahora de condicionar la firma de los acuerdos a la eventual convocatoria de una asamblea constituyente. Y aunque en la mesa de negociaciones de La Habana no se ha aprobado el plebiscito como procedimiento refrendatorio, las Farc han manifestado que “el acuerdo deberá ser sometido al voto popular”(7).

Dado que las Farc han sido durante décadas la fuerza principal de las filas insurgentes en el país, la firma de los acuerdos de paz como fruto de las negociaciones de La Habana sería un enorme paso adelante hacia la consecución de una paz plena y permanente en Colombia. El valor o la gran trascendencia le viene a la paz, en primer lugar, del hecho de que con ella se superaría el mayor obstáculo de la democratización colombiana: la utilización de la violencia como un instrumento permanente de la lucha política para dirimir conflictos y asegurar el predominio territorial y social. Invaluable ventaja implicaría para las fuerzas democráticas y progresistas del país poder librar su lucha ya sin el enorme peso negativo de los efectos de la violencia política: el alto número de muertes, lesionados y víctimas del desplazamiento, la merma del PIB, la criminalización de la protesta social y la actividad sindical y política, la funesta identificación de las corrientes de izquierda, del marxismo y de la revolución por amplios sectores sociales con la violencia, los secuestros, el terrorismo y el narcotráfico, cuya regresiva consecuencia consistió en rezagar a Colombia de la saludable oleada de los Vientos del Sur, que generó gobiernos democráticos en varios países latinoamericanos.

En segundo término, el empleo de las herramientas de la democracia (derechos, libertades y garantías) en una Colombia en paz, así estas sean precarias o recortadas, como la lucha por su plena realización, permitiría elevar la lucha por las grandes transformaciones a un plano superior: más eficaz y rápida en cuanto a sus resultados y a sus tiempos.

Aunque se ha disipado ya el alboroto por el cambio de gabinete y la terna para el próximo Fiscal, debe decirse que los reemplazos que en principio podrían parecer lógicos, en aras de ampliar el respaldo al proceso de paz y de preparar las nuevas tareas de gobierno a que daría lugar su culminación, lamentablemente no cumplieron tales cometidos. No es de poca monta que el presidente haya resuelto incluir a Néstor Humberto Martínez en la terna para la designación del nuevo Fiscal General, dada su trayectoria y cercanía con el vicepresidente y habida cuenta del papel de semejante herramienta institucional, sobre todo con vistas al período que seguiría a la firma de los acuerdos de paz. Si se trataba de propiciar dichas rúbricas y de asegurar, acto seguido, el cumplimiento de los compromisos de la paz, tampoco aparece muy lógico el sesgo favorable a Vargas Lleras que finalmente tuvieron los relevos ministeriales. Porque el injustificable mutismo del vicepresidente y aspirante presidencial frente a las negociaciones de La Habana, como su acercamiento de hecho, de vieja data pero acentuado en las pasadas elecciones, a las posiciones del uribismo extremo no auguran muy buen suceso en cuanto a su respaldo al proceso de paz.

No obstante los vientos de reconciliación con la Casa de Nariño, la aguda contrariedad del liberalismo dista mucho de haberse apaciguado. Sobre todo porque la actividad de Vargas Lleras como aspirante a la presidencia continúa a plena vela, sin cortapisas (hasta en una reunión oficial del alcalde de Barranquilla, Char, hubo vivas al candidato). En vista de lo cual, el presidente del liberalismo, Horacio Serpa, reclama justamente que tal proselitismo por la presidencia de la República en el 2018 no se siga haciendo al amparo y con las prerrogativas de la investidura vicepresidencial ni con los recursos del Estado.

Y, por otro lado, ante la inclusión de Jorge Londoño en el gabinete de recambio, la mayoría de la Tendencia Progresista ha declarado que esta fuerza integrante de la Alianza Verde no se siente representada en esa designación debido a los fuertes reparos y contradicciones que mantiene con la política económica, social y ambiental de la administración Santos. El Polo, a su vez, insistió en que no lo representa la nueva ministra Clara López Obregón, hasta la víspera presidenta de esa colectividad, y que su participación en el gobierno de Juan Manuel Santos se efectúa a título personal. Es decir, que lo actuado por el gobierno en este episodio arroja un balance más bien lánguido y constituye, para los sectores democráticos, fuente de nuevas preocupaciones.

El respaldo de la clase obrera y del pueblo al proceso de paz puesto en marcha por el gobierno no implica en modo alguno pasividad o silencio frente a sus medidas antipopulares, antinacionales y contra el medio ambiente. El incumplimiento de los compromisos del presidente Santos con el movimiento sindical, el escamoteo del salario mínimo, el reciente decreto que otorga luz verde a la tercerización laboral, la venta de Isagén y otras privatizaciones anunciadas, el escándalo de Reficar, el regresivo proyecto de reforma tributaria, como la licencia inicialmente otorgada para la explotación minera en La Macarena, al igual que la ineficacia frente a la corrupción rampante en la alimentación escolar y ante las dramáticas consecuencias de la privatización de la salud, y otras medidas similares, de inconfundible cuño neoliberal, han ocasionado masivas protestas de las centrales obreras, de numerosas organizaciones sociales y fuerzas políticas contra la política del gobierno. Y continuarán ocasionándolas en cuanto persistan las medidas contra el pueblo.

Lo que la situación presente sí exige de los trabajadores y la democracia colombiana es negarse de plano a hacerle el juego a la oposición uribista de extrema derecha que intenta aprovechar y magnificar toda dificultad emergente en las negociaciones de paz, o las decisiones impopulares y los errores ciertos o inventados atribuidos al gobierno, para truncar o dilatar la firma de los acuerdos de paz por la vía de desacreditar la administración Santos. Tales intentos se intensificarán con la inminencia de la firma de los acuerdos. Por ello hay que fomentar el apoyo popular a un trámite legislativo expedito a los asuntos de la paz y la pronta adopción de medidas de gobierno que preparen las condiciones del cumplimiento de los acuerdos.

La complejidad del momento reside en que, aunque las acciones de los de abajo fluctúen, en aparente contrasentido, entre movilizaciones o expresiones de apoyo a las negociaciones para el cese de la violencia, y movilizaciones de inconformidad y de protesta, la clave o norte que puede guiar a buen puerto a la Colombia democrática, la orientación que puede preservarnos de yerros y extravíos en las vueltas y revueltas del camino, es el empeño por la consecución de la paz, de la pura y simple paz.

Bogotá, 24 de mayo de 2016

Notas:

1) ‘El pueblo, el Congreso y la Corte son los que validarán los acuerdos’, http://www.eltiempo.com/Alocuciòn de Santos, eltiempo.com.htm, 16 de mayo 2016.
2) “Proceso de paz: en la recta final”, http://www.semana.com/nacion/articulo/tras-acuerdo-para-blindar-el-proceso-de-paz-viene-cese, 14 de junio de 2016.
3) “Hay que resistir civilmente a inminente acuerdo Gobierno - Farc: Álvaro Uribe”, Caracol/Noticias, 9 mayo de 2016.
4) “Hay que resistir civilmente a inminente acuerdo Gobierno - Farc: Álvaro Uribe”, Caracol/Noticias, 9 mayo de 2016.
5) “Resistencia civil que proponen es la misma que proponía Carlos Castaño”: Santos, htpp://www.elespectador.com/noticias/política/, 13 mayo 2016.
6) “Resistencia civil que proponen es la misma que proponía Carlos Castaño”: Santos, htpp://www.elespectador.com/noticias/política/, 13 mayo 2016.
7) “Proceso de paz: en la recta final”, http://www.semana.com/nacion/articulo/tras-acuerdo-para-blindar-el-proceso-de-paz-viene-cese,2016.

Los dirigentes sindicales debemos promoverel sí en el plebiscito por la paz.

Por: Miguel Ángel Delgado R.

Por eso la responsabilidad que debemos asumir los dirigentes sindicales de la CUT es definitiva. Como uno de los sectores sociales más golpeados, conocemos como víctimas todos los horrores de la violencia desatada, por ello y por el futuro de los trabajadores colombianos nos esforzaremos al máximo para lograr una votación gigantesca por el sí, que permita apuntalar la paz en Colombia. El plebiscito para refrendar los acuerdos de La Habana fue avalado finalmente por la Corte Constitucional. Según los tiempos calculados por voceros oficiales este se llevaría a cabo en septiembre u octubre, o sea, estamos a tan solo 90 días para que los colombianos decidan por si cesa la confrontación armada con las Farc o continua el enfrentamiento bélico con ellas. Esta es la nuez de los acuerdos, la esencia de este proceso.

Colombia, en estos tres meses, entrará en un profundo debate político en torno a los contenidos de los acuerdos, su implementación, sus protagonistas, el llamado posconflicto y tantos otros aspectos que se derivan de ellos, pero finalmente todos, de una manera u otra, tendremos que decidir por el sí o por el no, porque la abstención en esta ocasión se une indefectiblemente al no.

Los medios de comunicación, las redes sociales y todas las formas que en que la opinión pública se expresa se inundarán de razones y sinrazones con respecto al sí y al no. El país se dividirá entonces en dos bandos.

La CUT, por convicción, por decisión y por historia, estará en la promoción al sí en el plebiscito, esto nos coloca del lado, en primer lugar de los firmantes de los acuerdos: el gobierno de Santos y las Farc, en segundo lugar, de los partidos y movimientos que respaldan el proceso de paz y, en tercer lugar, de una corriente de pensamiento democrática y progresista encarnada en centenares de organizaciones sociales y populares y en millones de colombianos.

Del lado del no estarán los señores de la guerra encabezados por Álvaro Uribe, el procurador Ordóñez, uno que otro partido que los secunda, despojadores de tierras, paramilitares en receso y en ejercicio, comerciantes ilegales de drogas y armas, cacaos derechistas y algunas personas que influidas negativamente por los errores y desmanes de las Farc y la propaganda contra los gobiernos alternativos del continente, creen en el arrasamiento y la violencia.

El plebiscito no es para respaldar las medidas sociales y económicas del santismo, o aprobarle su anunciada reforma tributaria de por sí desprestigiadas y retardatarias contra la población, tampoco es para ocultar el fracaso de la acción armada, ni las desviaciones extremas de las Farc. Menos para combatir la corrupción o para conseguir la justicia social. El sí en el plebiscito es para darle respaldo popular a unos compromisos que están diseñados para procurar una salida negociada a un conflicto armado, para que cese la acción armada de las Farc y estas, transformadas en partido, ejerzan la actividad política con garantías de seguridad y en pie de igualdad al resto de partidos y movimientos.

Si nos enredamos y nuestra campaña en vez de centrarse en el sí a la paz se diluye en mil consignas vanas y sin sentido (por correctas que aparenten ser) estamos confundiendo y no aportando, dispersando y no concentrando, llevando agua al molino fascista de la violencia y ayudando a que fuerzas agazapadas contra la paz en la vicepresidencia, gobernaciones y alcaldías se vuelvan determinantes.

Uribe, su partido y las fuerzas que se oponen a los acuerdos no son deleznables, ni una corriente que no posea arraigo en cierta opinión pública y que además está coordinada y unida. Lo demuestran a diario en el Parlamento. Se palpa en la capacidad que tiene de permear las protestas sociales, como se pudo observar con la venta de Isagén, en al paro de las dignidades agrarias o en el paro camionero el pasado 20 de julio con la utilización de estandartes negros. Cuentan a su favor que saben aprovechar los fracasos del gobierno y la mala imagen de Santos. Saben hacer alianzas y concesiones como el apoyo a Peñalosa en Bogotá. Manejan las comunicaciones y las redes sociales y utilizan una propaganda que cala en la mente de las gentes. En síntesis, son un peligro latente en contra de los acuerdos de paz y, por tanto, constituyen el enemigo principal a derrotar en esta contienda por el sí en el plebiscito.

La pasada Junta Nacional de la CUT, realizada el 6 y 7 de julio, ratificó el voto por el sí en el plebiscito adelantando una campaña independiente a la del gobierno. Es así, puesto que somos diferentes al gobierno, nuestro pensamiento y objetivos son diametralmente opuestos a las políticas neoliberales en boga. También somos diferentes a las Farc por pensamiento y por método. Igualmente nos diferenciamos de los partidos políticos y de muchas de las organizaciones sociales, inclusive de las otras centrales sindicales. Esta diversidad hace que sean campañas independientes, por el lenguaje, por la forma, por los contenidos, pero con una misma consigna y objetivo: el sí a los acuerdos de paz de La Habana. Además con un común enemigo: el que rechaza los acuerdos de paz.

Es lógico e inteligente que a la par que se desarrollan campañas independientes por cada uno de los partidarios del sí, sepamos coordinar acciones de interés común y no nos referimos tanto a los firmantes del acuerdo, sobre todo al gobierno, sino a la multitud de partidos, movimientos, personalidades y organizaciones que entienden que lo que está en juego en este plebiscito no es poca cosa. O el país se enrumba por una senda de cese de la violencia, que permita el despliegue de las luchas por las transformaciones democráticas y sociales, o nos sumimos en una oleada de terror y muerte que impedirá, como lo ha impedido, que Colombia participe por lo menos en el concierto de las naciones civilizadas. En este sentido la Junta Nacional, al recoger el anhelo de los colombianos por la paz, hace un llamado para que el ELN se incorpore, lo más rápido posible, a este proceso de salida política negociada al enfrentamiento armado, so pena de quedar en un aislamiento tan grande de la población que lo lleve a su desaparición.

En general las encuestas y los sondeos de opinión dan ganador al sí, con un margen alto por encima del umbral del 13% que significa un poco menos de cinco millones de votos. Igual existe un gran apoyo internacional por la paz. El uribismo y sus aliados intentarán ganar con el no o con la abstención. Cualquiera que sea su decisión, debemos realizar una profunda campaña esclarecedora y de convicción. Por eso la responsabilidad que debemos asumir los dirigentes sindicales de la CUT es definitiva. Como uno de los sectores sociales más golpeados, conocemos como víctimas todos los horrores de la violencia desatada, por ello y por el futuro de los trabajadores colombianos nos esforzaremos al máximo para lograr una votación gigantesca por el sí, que permita apuntalar la paz en Colombia.

Acuerdos de la Habana: Votar sí al plebiscito refrendatorio.

Tomado del periódico El Bancario 9, Bogotá D.C., julio - agosto de 2016

El sí triunfante traerá remozado entusiasmo a las huestes de los trabajadores y los sectores populares, que será aliciente determinante para emprender victoriosos el camino de la preparación del paro nacional contra la política económica y social del gobierno.

Por: Juan Francisco Sánchez Zambrano.
Presidente nacional ACEB.

El acuerdo logrado entre el gobierno nacional y las Farc en La Habana el pasado 23 de junio sobre el cese bilateral y definitivo del fuego y el mecanismo de refrendación de los acuerdos, tiene el inmenso valor para los colombianos de poner punto final a un conflicto armado que en cerca de 50 años deja como saldo de esta gran tragedia nacional 230 mil muertos, 50 mil desaparecidos y 7 millones de desplazados. Conflicto que se ha percibido por las mayorías como el más grande obstáculo atravesado en la ruta del progreso y el mejor vivir.

Superar esta violencia es la urgencia de la hora para la sociedad colombiana y especialmente para los trabajadores y los sectores populares, quienes en todos estos años de conflicto armado hemos visto cómo solo sirvió para que se creara un ambiente de terror y recorte de derechos democráticos, lo que ha limitado la movilización y la protesta ciudadana, tan necesarias para lograr adelantar en mejor forma las luchas por las transformaciones democráticas y progresistas que requieren los trabajadores y el pueblo. Por el contrario, acompañando el largo periodo de violencia y prevalida de ese ambiente se ha mantenido una actitud de las castas gobernantes de impulsar, por un lado, la estigmatización contra el movimiento sindical y todo aquel que luche por sus derechos, pretendiendo que la sociedad lo asimile a quienes generan violencia y deslegitimar así sus luchas; y de otro lado, poder profundizar la negación o arrebatamiento de los derechos a los trabajadores, desmejorar las condiciones de vida del pueblo, desesperanzarlos organizativa y políticamente, y continuar con la entrega de la soberanía nacional.

La violencia ha impedido poner en la agenda de la sociedad colombiana, con la importancia necesaria, como uno de los principales problemas a resolver, lo relativo a mejores condiciones laborales para los trabajadores, las garantías para su derecho de asociación y negociación colectiva, la modificación de un modelo de desarrollo, como el neoliberal, que trajo consigo privatizaciones, abaratamiento de la mano de obra, entrega del capital nacional a grandes multinacionales, quiebra y empobrecimiento del campo colombiano, degradación de las condiciones medioambientales, más impuestos sobre los sectores menos favorecidos que hacen mas difícil su diario vivir, tratados de libre comercio que arruinan la producción nacional. Estos temas han sido el objeto del encuentro de organizaciones sindicales, sociales y políticas realizado este 8 y 9 de julio, en el que participamos y del que transcribimos apartes de su declaración política:

“El encuentro nacional de organizaciones sindicales, sociales y políticas expresa su apoyo a las negociaciones del gobierno nacional con las guerrillas para poner fin al conflicto armado interno, saluda la firma de los acuerdos de La Habana y reitera el compromiso de impulsar el voto positivo en el plebiscito de refrendación de los acuerdos con una campaña independiente a la del gobierno. Firme con este compromiso se realizarán jornadas nacionales y regionales de sensibilización por el sí en el plebiscito”.

“El encuentro nacional de organizaciones sindicales sociales y políticas denuncia que el gobierno nacional no ha tenido la voluntad política ni de negociar y mucho menos de solucionar favorable a la nación y el pueblo las justas peticiones. En consecuencia, hace un llamado a la población a preparar el paro nacional para el mes de octubre, seguros que alrededor del pliego de peticiones de quince puntos se congregarán todos los sectores económicos y sociales que buscamos la construcción de una nación con plena soberanía económica y política que permita el desarrollo de nuestra producción nacional y el goce de un bienestar que cobije a la inmensa mayoría de los colombianos”.

La ACEB se encuentra comprometida para lograr que el anhelo de las mayorías de erradicar la violencia se concrete, siendo ahora el mecanismo para ello, el plebiscito refrendatorio que deberá convocarse seguramente antes de octubre y a través del cual los colombianos expresarán su aprobación a los acuerdos de La Habana, y en el que votando por el sí se cerrará el capítulo de luto y dolor que trajo este equivocado conflicto armado.

El camino para el triunfo del sí no está exento de dificultades. Agazapado unas veces y frentero otras, asecha el expresidente Uribe, principal enemigo de este proceso, quien cifra la posibilidad de su vigencia política en la continuidad de la guerra de la cual saca réditos políticos y de la que se aprovechan económicamente él y sus socios, los sectores más reaccionarios de la sociedad colombiana, vinculados a sectores del campo y del empresariado, ellos cabalgan sobre la desinformación, apoyados también en el terror que ejercen sobre la población de amplias zonas del territorio nacional las bandas armadas que les son aliadas. Lo cual los proyecta como un peligro que no debe ser despreciado y que obliga a que, camino al triunfo del sí en el plebiscito, no nos dejemos confundir y asumamos este logro como el principal objetivo de la hora, para luego sí desarrollar en mejor forma las luchas a las que le hemos dedicado toda la vida.

Nuestro llamado a los trabajadores bancarios es a que nos unámonos todos alrededor del sí en el plebiscito refrendatorio, con el cual el pueblo de Colombia aprobará los acuerdos de La Habana que pondrán fin al conflicto armado. El sí triunfante traerá remozado entusiasmo a las huestes de los trabajadores y los sectores populares, que será aliciente determinante para emprender victoriosos el camino de la preparación del paro nacional contra la política económica y social del gobierno.

Estamos por el sí para que cese el conflicto armado, pero no compartimos ninguna de las medidas adoptadas por el gobierno de Juan Manuel Santos, las que hemos denunciado y que combatiremos en el paro que estamos organizando para el mes de octubre del presente año. ¡Sí en el plebiscito, sí al paro nacional!

A propósito de noticias contra el exalcalde Magangué, Marcelo Torres

A propósito de noticias contra el exalcalde de Magangué, Marcelo Torres:

SE QUIERE ENCARCELARLO PARA ESCARMENTAR AL PUEBLO.

A un año de la muerte de Orlando Ambrad

Hasta siempre Chocho

Por Alberto Herrera.

Era mediado de año 1973, la ola del movimiento estudiantil de los 70´s se iba diluyendo; para muchos jóvenes dentro de los que me contaba, la agitación estudiantil llegaba al final. La tarea estaba hecha, las reivindicaciones se habían alcanzado. Miles de activista a quienes nos cerraron las puertas de la universidad, pensando que así nos “domesticarían”, salimos con la satisfacción de haber mostrado aspiraciones y metas propias, y aunque quedamos en la calle, nos sentimos fortalecidos y con nuevas fronteras. Fueron fructíferos años que marcaron a esa generación de jóvenes. Decidimos entonces con cientos de compañeros en todo el país, conocer de cerca cómo vivían otros sectores poblacionales, sus fortalezas y debilidades, y nos “tiramos al barro”. Aterricé en Cartagena, venía de Bogotá con Simón compañero de batallas, debíamos buscar al médico Orlando Ambrad. Poco conocíamos de su historia; pero estar a orilla del Caribe, sentir la brisa fresca, la espontaneidad de sus gentes y los sones musicales, ya eran motivo de entusiasmo y alegría.

Fue en una pequeña oficina en el centro amurallado, donde Orlando atendía en la tarde sus actividades políticas, donde nos encontramos. Indagó por nuestra experiencia en política, que era poca; por nuestro origen y razones de irnos para la costa; mejor dicho, nos midió el aceite, y si nosotros emprendíamos una misión desconocida, él percibió la convicción que traíamos como “descalzos”; hoy varias décadas después confirmo que pasamos la prueba en ambos sentidos. Él nos acogió y fue un gran guía desde el principio; como conocedor del departamento nos alentó, nos mostró las posibilidades que teníamos para avanzar, nos advirtió de las dificultades y de la debilidad de nuestra fuerza.

La medicina era su profesión pero la política su pasión. Era analítico y revolucionario, irreverente y mamador de gallo. Tuvo gran respeto y admiración por Francisco Mosquera quien lo sedujo con la propuesta de crear un frente único amplio de más del 90 % de la población para transformar el país, “Mosquera dejó una herencia importantísima, demostró que si hay posibilidad de aliarse con un sector de la burguesía que defiende la nación, ahí fue donde yo aprendí en qué consiste ser democrático”1. Lo admiró también por “su condena al secuestro y su lucha contra el foquismo y el abstencionismo”2, al punto que participó en elecciones de 1972, saliendo elegido concejal en El Guamo (Bolívar) mientras realizaba el año rural. A su regreso a Cartagena encabezó un trabajo entre los obreros y en los barrios, y emprendió correrías por todo Bolívar.

Orlando no solo nos recibió cálidamente; él abrió el camino a una generación de cuadros que nos quitamos las ataduras de toda clase para en el terreno, lanzarnos a conquistar el corazón de los trabajadores en la cuidad y el campo. Simón se quedó un tiempo en Cartagena, yo me trasladé a Magangué donde me recibieron: un militante de toda la vida, Alberto Moreno poseedor de un puesto de zapatería en el mercado, Eduardo Gutiérrez terminando derecho, ya ambos fallecidos, y un grupo de estudiantes de bachillerato del Vélez, con quienes sin perder tiempo, adelantamos la campaña de la Unión Nacional de Oposición, UNO, con Hernando Echeverry Mejía de candidato presidencial. Fue una experiencia inolvidable y nos sirvió para recorrer el departamento con Orlando y Marcelo Torres, nuestras figuras públicas, y conquistar nuevos seguidores.


Foto: En el parque de San Juan Nepomuceno, en acto de campaña aparecen de izq. a der. Orlando Ambrad, Pedro dirigente local, Alberto Herrera, Gustavo Duncan, Marcelo Torres, Hernando Echeverry Mejía y Francisco Mosquera. (Tomado de Tribuna Roja).

Rápidamente Magangué se convirtió en el centro de actividades de esta corriente política en el Sur de Bolívar. Desde allí pudimos llegar a regiones más apartadas, invitados por sus pobladores que vieron en nuestra organización la oportunidad de sacudirse de los caciques tradicionales y resolver necesidades que parecían insolubles. Orlando no fue ajeno a este envión, por el contrario, ahora que llegábamos a sitios donde todo hacía falta, promovió brigadas médicas donde no conocían médico. La actividad y las responsabilidades se incrementaron, llegaron más compañeros, maestros y enfermeras, el Centro Médico que dirigía Roberto multiplicó la atención y mejoró la salud de la región, se fomentaron actividades deportivas y culturales, Ángel publicó “El Pequeño Periódico” y se crearon cooperativas que impulsaron la producción campesina. Jamás olvidaré una noche a orilla del rio Cauca en una presentación de “La agonía del difunto” del Teatro Libre cuando un campesino se paró, sacó su machete y corrió al escenario “a matar a este terrateniente hp”, estuvimos en dificultades para detenerlo.

El Chocho, como siempre se le conoció a Orlando por la persistencia y obsesión en sus ideas y principios, hacía parte de la comunidad árabe y pertenecía a una familia de reconocidos médicos cartageneros. Era un distinguido dirigente de la izquierda democrática con gran aceptación entre los sectores populares, pero además era respetado en todos los estamentos políticos y sociales. En la preparación del escenario de la manifestación de las elecciones de 1978 con Jaime Piedrahita como candidato presidencial, la plaza de los Coches en el sector amurallado amaneció atiborrada de propaganda. Furioso, el alcalde del momento, Juan Arango, citó a Orlando a su despacho y le prohibió la manifestación a menos que retirara de inmediato la publicidad, “así lo haremos” dijo el Chocho. A las 5 pm, hora del acto, la plaza permanecía tapizada de propaganda, la expectativa era grande, la gente agolpó el escenario para presenciar el desenlace del pulso: la plaza se llenó. Al día siguiente empresas públicas retiró la publicidad. Su trato con todos era fraternal y amable, tanto que a su consultorio en la Clínica de Tumores de Cartagena le llegaban pacientes de toda la costa que siempre atendía. Aficionado al futbol, lo practicamos a pie limpio en la playa de Cartagena en múltiples ocasiones. Orlando nos enseño las aromas y los sabores de la deliciosa comida árabe, era un buena vida y la reclamaba como un derecho de todos.

Producto del trabajo abnegado y bien orientado, tomó forma y fuerza una corriente que, alejada del engaño y la corrupción tradicional, alcanzó alianzas con dirigentes de la región, adelantó proyectos productivos que incrementaron los ingresos de los campesinos y eligió una docena de concejales en municipios de los sures de Bolívar y Sucre. Así surgió en la región una opción novedosa, que alcanzó su mayor auge con la realización del Encuentro de Cooperativas Campesinas en Montecristo, reunión de más de 250 delegados campesinos de una treintena de poblados y veredas de los sures. Fue el punto culminante de esta notable campaña.

Pero la situación de pronto cambió, Orlando lo percibió rápidamente. Su entusiasmo se había transformado en desmotivación “por las dificultades para hacer política”3, pues la guerrilla que apareció en la zona, “arremetía contra nuestra fuerza en el Sur de Bolívar”4. La violencia se incrementaba al amparo de políticas de paz y el Estado no daba garantías. En Montecristo facciones guerrilleras sabotearía los comicios que eligieron a Barco a la Presidencia, y el lunes los cuadros que aun permanecían en la zona salimos apurados de los distintos puntos. El siguiente miércoles ese mismo reducto ajustició en el camino a Lucho Ávila, gerente de la cooperativa de El Dorado; venían de asesinar en su propia casa a su padre, Clemente, brillante dirigente campesino. Meses atrás, las Farc ya habían acribillado al “Toche” Rolón, al otro lado de la Serranía en una vereda de San Pablo, donde la cooperativa construía un puente. El golpe fue irreparable. Para colmo de males y desilusión de Orlando, en China el partido de Mao después de su muerte, daba un viraje y abandonaba la lucha del proletariado.

Y fue precisamente por esos días, que el Chocho conoció a una visitante italiana, Emanuella, quien con los años se convertiría en la madre de Eleonora su nueva hija; ya crecía Salomón, quien estudiaba en Cartagena. Resolvieron a la postre, establecerse en Roma donde reforzó sus conocimientos de oncología. Aunque nunca más sería activista en política, permanecía a la expectativa.

Los que de verdad conocimos a Orlando, no encontramos una mancha que distorsione su epopeya revolucionaria. Voces de la extrema derecha en su orfandad, pretenden distorsionar el diáfano comportamiento de un soñador.

Siempre sentimos tu apoyo, asumiste una actitud fraternal y solidaria y luchaste por la felicidad del pueblo. Te admiramos y te respetamos.

Hasta siempre Chocho.

Por Alberto Herrera.

Notas:
1- - “Francisco Mosquera 21 autores en busca de un personaje” El Fogonero.

El Gobierno legalizó la tercerización laboral

Comunicado de la CUT.

El pasado viernes 8 de abril del presente año, el gobierno expidió el decreto 583 con el cual dice reglamentar el artículo 63 de la ley 1429 de 2010 y el artículo 74 del Plan Nacional de Desarrollo. Este decreto en su esencia legaliza todo tipo de tercerización laboral, en cualquier tipo de empresa pública o privada.

9 de abril: ¡Por la paz, A LA CALLE!

Yezid García Abello, exconcejal de Bogotá, dirigente del Partido del Trabajo de Colombia (PTC) y de la Alianza Verde, habla sobre las marchas del 2 y del 9 de abril.

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