El ovillo del Polo (II)

Unas presidenciales para separar la mafia del Estado

Por Marcelo Torres

A mediados de mayo, la candidatura de Gustavo Petro experimentó un significativo repunte que la llevó al 7,5 por ciento de la intención de voto[1], y momentáneamente, al tercer lugar entre los candidatos, lo cual, de seguro fue un reconocimiento del público a su descollante desempeño en los debates de los aspirantes presidenciales. Sin embargo, para entonces, cruzado un mes atrás el umbral del 14 de marzo, una cosa era ya evidente: el visible debilitamiento de su campaña presidencial.  Parecía que el impulso que cobró la candidatura del Polo, luego del triunfo de Petro en la consulta del 27 de septiembre del año pasado, al comenzar el presente año, hubiese acusado una paulatina pérdida de fuerza. Después de ascender del 4 por ciento que registraba en una de las encuestas, en mayo de 2009, al 11 por ciento en septiembre y al 12 en diciembre del mismo año, empezó a bajar al comenzar el 2010 para caer, desde un poco antes de las elecciones de Congreso, al 6 por ciento, proporción alrededor de la cual ha venido fluctuando[2].  ¿A qué se debió ello?

Sin duda, a la prolongada y sistemática “guerra política” adelantada por la agencia de seguridad del Estado empleada por el régimen uribista como ariete para desacreditar al Polo, a sus principales líderes y en particular a Gustavo Petro. Pero también, al castigo de la opinión pública al Polo, acaso la raíz más profunda del bajonazo, manifiesta en las elecciones de Congreso, y extendida, según todas las evidencias, a la campaña de su candidato presidencial. La sanción de amplios sectores de colombianos al PDA, ya hemos comentado en otro artículo, se debió a las  posiciones ambiguas y confusas del Polo ante cuestiones que esa misma opinión pública, para evaluar a las fuerzas política y a sus líderes, estima decisivas y candentes, como las posiciones de estos frente a la violencia, la insurgencia armada y el secuestro, sin excluir la apreciación que tengan sobre la posición del gobierno Chávez ante las Farc.

 Hasta el 14 de marzo, al candidato presidencial del Polo le tocaron en suerte circunstancias tan desfavorables como aparentemente insuperables en lo inmediato. La más importante, el efecto negativo sobre su aspiración presidencial derivado más de dos años de declive del Polo, y, después de la consulta ciudadana del PDA, esa suerte de boicot -no por no declarado menos efectivo- que padeció su campaña proveniente de los sectores que se constituyeron en contradictores suyos y del sector democrático del Polo, por lo menos  hasta el 14 de marzo. Para colmo,  como resultado de las elecciones de Congreso, mientras que el sector democrático del PDA que lo apoya no salió bien librado, a sus mencionados rivales les fue relativamente bien, con lo cual la posibilidad de prosecución de su campaña quedaba, electoralmente hablando, mayoritariamente en manos de sus adversarios en el seno del Polo, con todas sus consecuencias.

La inesperada emergencia de una candidatura clave

Al finalizar marzo, la candidatura de Mockus emprendió un rápido ascenso en las encuestas que le permitió, primero colocarse en el segundo puesto, superando a Noemí Sanín, y luego, durante abril, ascender al primer lugar manteniéndose allí hasta fines de ese mes, cuando experimentó un ligero descenso. Simultáneamente, Juan Manuel Santos, luego del llamado “relanzamiento” de su campaña y de la incorporación a la misma del controvertido J.J. Rendón, empezó a subir para volverse a colocar a la cabeza de la competencia desde comienzos de mayo, con una leve ventaja sobre Mockus.

Por la controvertible vía de las encuestas, el aspirante de origen lituano había saltado a la cabeza de los competidores por el solio de Bolívar. La “consulta” ciudadana que, según planteara Petro, debía efectuarse como condición para escoger el candidato que deberían  apoyar las fuerzas democráticas en su conjunto, quedó así realizada. Sólo que no se llevó a cabo mediante el mecanismo de la consulta interpartidista, como se había propuesto, sino a través del más discutible e imperfecto método, el de las encuestas. Acaso el hecho de que esta designación recayese en un personaje representativo del centro político, Antanas Mockus, haya estado en relación con el método del escogimiento, mas por el hecho de no haber correspondido a procedimientos formalmente democráticos no dejó de materializarse con una efectividad incontestable. Mal aconsejada, o con desafortunada inspiración, apareció la decisión del candidato del Polo que intentaba cuestionar esta escogencia, con el argumento formalmente justo, pero a estas horas políticamente inocuo, de que la selección del candidato debía hacerse mediante la confrontación de sus programas y no de la inefable senda de las encuestas. Si la lógica de fondo de la política de coalición siempre fue la de respaldar la candidatura democrática que alcanzara más influencia en la opinión pública, y habiéndose pronunciado esta por Mockus, ¿no era esta la candidatura que se buscaba?

 Un aspecto del ascenso de la candidatura de Mockus, desconcertante a primera vista, radicó en que Petro, quien tiene el programa más avanzado, el más alto desempeño en materia de lucha en defensa de la democracia, -como que impulsó con sus debates la puesta en marcha de una opinión pública opuesta a la impunidad de los crímenes del paramilitarismo y a los nexos del Ejecutivo con los mismos-, quien ha demostrado en los debates mayor conocimiento de los problemas del país, y expresado y liderado la corriente más avanzada del Polo, partidaria de una coalición para enfrentar la continuidad del régimen uribista, quien, en una palabra, es el mejor candidato, no fue escogido por la gran opinión pública no uribista, sino Mockus. ¿Cómo se explica esto?

Que la opinión pública no uribista –y una parte de la uribista- se haya inclinado principalmente hacia el centro político y no hacia la izquierda, como desearíamos, no es azaroso ni gratuito, tiene una historia. Durante prácticamente dos lustros se operó un definido giro a la derecha del grueso de la opinión pública colombiana debido en buena parte a los actos descabellados de la insurgencia armada; al cabo de ocho años del régimen de Uribe, la opinión pública no uribista apenas está saliendo del conservadurismo y derechismo prevalecientes pero sobre ella todavía pesan mucho las prevenciones y prejuicios sobre la izquierda. Una postura claramente antineoliberal aún le provoca muchos temores asociados a la pésima experiencia difundida acerca de la izquierda, que, por lo demás, ha sido ampliamente aprovechada por el uribismo y su “guerra política”. Por ahora, su máximo avance ha consistido en escoger un personaje de centro como depositario de sus afectos y de su expresión política.  

Mockus ha sido escogido no a pesar sino precisamente porque lo facilitan sus posiciones no avanzadas sino cercanas o francamente compatibles con el viejo modelo económico. La masa social que lo apoya entusiasta, y especialmente la perteneciente a las capas medias y a estratos altos, viene de vuelta del “embrujo” del régimen uribista y experimenta horror y abierto repudio por sus pistoleros, sus fosas comunes, su policía política y sus hornos crematorios. Le atrae de Mockus su lema de seguridad con legalidad, al ofrecerles protección frente a las amenazas armadas e ilegales, pero una protección dentro del marco legal y constitucional, que afirme y no que socave el Estado de derecho. Un lema de fondo, que no sólo expresa el querer los fans de Mockus sino el interés general de la nación. Pero ese mismo conglomerado social le teme al sobresalto de atrevidos experimentos y prefiere el sosiego del orden social vigente, y la garantía de que Mockus procederá con arreglo a ello son las administraciones mockusianas de Bogotá, que, como la de Peñaloza, su otro “compañero de viaje”, se desempeñaron a tono con los cánones neoliberales y privatizadores. Para los jóvenes, amén de lo anterior, el atractivo reside en el postulado de la ética pública con su corolario de que “los dineros públicos son sagrados”, en la persistencia de Mockus en el empleo del medio de comunicación por excelencia de la juventud –las redes sociales de Internet- y en su utilización sistemática del lenguaje simbólico, e incluso en sus salidas extravagantes. Ese enamoramiento de esta opinión pública, de una intensidad cegadora, le perdona todo a Mockus: su improvisación, su superficialidad y falta de sólidos conocimientos de la problemática social, y sus incongruencias.

La vigorosa emergencia de la candidatura de Mockus se convirtió en el elemento clave del escenario político. Inesperado resultado del desenvolvimiento de los acontecimientos del debate presidencial, colocó al ex alcalde Bogotá como uno de los dos punteros en la carrera hacia la presidencia de la república, y terminó modificando sustancialmente el escenario político. De entrada, con el ascenso de su candidatura se operó una sustancial y muy saludable alteración de las expectativas electorales de la contienda por la presidencia. El país pasó con rapidez de la perspectiva que indicaba que el próximo presidente de la república provendría del uribismo, cuyas candidaturas ocuparon hasta fines de marzo los dos primeros lugares, a  la posibilidad, que se abrió con fuerza, de que Colombia pudiese elegir un candidato que representaba otra opción distinta. Pero al mismo tiempo, la candidatura de Mockus pareció robustecer o amplificar los obstáculos internos del proceso de conformación de una muy amplia convergencia democrática. La respuesta a la obligada pregunta de si los verdes consideran que la izquierda puede o no tener un lugar bajo el sol en una nueva democracia que reconstruya la nación, tendrá lugar necesariamente de modo más concreto y definitivo, pero por lo pronto se ha anticipado en una negativa y varios desplantes.         

Porque las lógicas salvedades de Mockus frente a la insurgencia armada -lógicas en un país como Colombia- no justifican las apreciaciones inoportunas y carentes de todo tacto sobre el Polo, máxime después del cauteloso paso de avance de Petro, en la dirección requerida, en Twitter. Apreciaciones que, al desatar un verdadero avispero en las filas amarillas, no le sirven sino a la candidatura de Juan Manuel Santos, a quien conviene que se frustre todo movimiento hacia un acuerdo Petro-Mockus, y que en el PDA llevan leña a la hoguera del voto en blanco. La sensación de prepotencia y torpeza que transmite tal actitud, similar al exabrupto sobe el salario de los médicos, denota una extraña inteligencia, cual si la candidatura del profesor de matemáticas estuviese en la condición de juzgar innecesario todo respaldo político. Impresión que no se subsana del todo con las rectificaciones posteriores, que, como malos remiendos, se volvieron habituales y subsiguientes a los yerros del candidato verde.  La conocida tesis defendida por uno de los ex alcaldes de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, la de la necesidad de una coalición de muy ancho espectro político y social para transformar el país,  no se compadece con esta rígida y única visión siempre verde, con exclusión del amarillo y del rojo, que cifra todo en un voto de opinión exclusivamente mockista, cuyo peso, por formidable que pueda ser, no asegura hoy por sí solo la elección del candidato de los girasoles.            

Los prejuicios y prevenciones sobre la izquierda,  provenientes de Mockus y principalmente de Peñaloza -que son los de buena parte del país-, se hicieron sentir ya desde el inicio mismo del periplo de los ex alcaldes como aliados. Sin justificación a la vista, excluyeron de su primera aparición pública conjunta a Gustavo Petro, no obstante las gestiones que este había adelantado en la génesis de aquella alianza.

A su turno, Petro, frente a la necesidad de adoptar una actitud  sobre la candidatura en ascenso de Mockus, pasó de plantear, como era lo justo, la posibilidad de un entendimiento sobre la base de un acuerdo que contemplara el co-gobierno a partir de un programa, a la calificación de Mockus como “neoliberal”, una vez que comenzaron sus  destempladas repulsas al Polo, y a su fuerza política como un “continuismo decente”[1]. Por momentos pareció que la campaña del Polo había desviado sus baterías de un blanco de ataque ya definido, la candidatura de Juan Manuel Santos, hacia la de Mockus. De esta manera, lo que debía registrarse como un suceso positivo, el rápido ascenso de la candidatura de Mockus, habida cuenta de que ofrecía la opción con mayor acogida pública para enfrentar al uribismo, terminó convirtiéndose en una suerte de reyerta entre corrientes democráticas que se suponía juntarían sus fuerzas.      

Todo esto configuró, en el breve lapso de un mes -entre fines de marzo y fines de abril-,   una nueva realidad política, la candidatura de Mockus, como la que tiene hoy las mayores  posibilidades de derrotar al candidato de la continuidad del régimen uribista. Frente a lo cual tenemos dos opciones: o partimos de la realidad del hecho, para ajustar nuestras posibilidades de acción a él, o  lo acomodamos a las teorías que anidan en nuestra cabeza, para hacer lo que nos plazca.      

¿Acuerdo para cogobernar o apoyo para derrotar a Santos?

Los principales problemas del país pueden resumirse en dos o tres palabras, terribles y aciagas, que condensan la tragedia humanitaria y económico-social padecida por la nación: paramilitarismo, corrupción y neoliberalismo, vale decir, Estado mafioso-fascista, Estado clientelista-politiquero, y Estado privatizador, sometido a las multinacionales. Pero ni el Estado neoliberal ni el Estado corrupto pueden combatirse por las amplias masas, por lo menos desde el terreno de la lucha política legal, sin controles institucionales, libertades públicas ni derechos democráticos. Por ello, mientras las fuerzas de la democracia ven en tales libertades y derechos herramientas indispensables de la lucha política y económica, y procuran la preservación y el fortalecimiento del Estado de derecho, el régimen de Uribe persigue sin pausa su menoscabo o supresión, con métodos legales e ilegales, evidenciado este objetivo por escándalos como la “guerra política” del gobierno contra la oposición, el poder judicial, y la prensa y los medios de comunicación independientes, por medio de los “falsos positivos” y de la fuerte influencia mafiosa en la administración pública y particularmente entre las fuerzas militares y de policía. Por consiguiente, la lucha por la democracia, por impedir la continuidad del régimen uribista, es el objetivo inmediato, más urgente y principal de la jornada política actual en Colombia.  

Es evidente que el programa de Petro permitiría enfrentar y comenzar a superar tanto la gravísima aflicción que entraña el Estado mafioso, como los grandes problemas sociales y económicos, mientras que el de Mockus únicamente enfrentaría el primero de los enumerados. También debería serlo que  todavía hoy en Colombia no se han reunido todas las condiciones para acometer de inmediato la solución simultánea de los tres grandes problemas mencionados. Ello implicaría, sobre todo, la condición de reunir la fuerza política suficiente para que triunfara un candidato antineoliberal con un programa correspondiente; simplemente, la opinión progresista y más avanzada del país aún no llega al punto en el que la escogencia  de un líder de izquierda como su portavoz represente la mayoría, por lo menos relativa, de los colombianos políticamente activos. En cambio, hoy, en la sociedad colombiana prevalecen las tendencias políticas de centro, no obstante que las filas de los partidarios de la democracia que queremos ponerle fin a la continuidad del Estado mafioso están integradas por variadas y disímiles corrientes. Es esta prevalencia lo que ha hecho posible que la candidatura de Antanas Mockus se convierta en la única que puede disputarle la presidencia a quien ha recibido el encargo de prorrogar el régimen actual. El centro político, aunque tiene un pie anclado en la estructura social de extrema desigualdad conformada en los últimos veinte años en Colombia por el neoliberalismo, se ha movido en la dirección de superar la superestructura política mafiosa y paramilitar vigente. Y aunque sólo fuese por esa razón, tan progresivo aspecto clama por el respaldo de los demócratas  a su candidatura con los ojos abiertos, ante la cual no se justifican ni la abstención ni el voto en blanco.    

Un eventual gobierno de Mockus empezaría a superar el problema del paramilitarismo en cuanto implicaría que las mafias y las huestes de la muerte perderían su poder sobre la dirección del Estado. La fundamental importancia de este hecho no puede minimizarse. Jamás podrá verse como una nimiedad que los órganos de seguridad del Estado, como las fuerzas militares y de policía, no se mantengan más bajo el influjo del paramilitarismo y del narcotráfico; que la justicia no se vea más mediatizada para investigar y enjuiciar los responsables de los crímenes del paramilitarismo; que sean apartados los obstáculos que hoy impiden que se apruebe una genuina legislación de reparación a las víctimas.

Los partidos de izquierda, la oposición, el movimiento sindical, los líderes de las luchas sociales y el de las víctimas, la justicia y el periodismo independiente, dejarían de estar expuestos a los riesgos y amenazas de hoy provenientes del Estado. Así como los escuadrones ilegales del terror dejarían de seguir obteniendo apoyo, recursos e impunidad desde el Estado. No puede perderse de vista que hoy, de acuerdo con informes de la OEA y de gobiernos departamentales[2], está en marcha un masivo plan de reclutamiento de miles de paramilitares desmovilizados por poderosas bandas mafiosas, en proceso de reestructuración luego de la extradición de los principales capos del paramilitarismo, ni el alarmante recrudecimiento de los asesinatos y amenazas, en numerosos puntos de la geografía nacional, de líderes sociales y sindicales, voceros del movimiento de las víctimas, dirigentes políticos y activistas del Polo y de otras colectividades de oposición.

En ese eventual gobierno de Mockus, entonces, habría mejores condiciones democráticas para proseguir la lucha contra el modelo neoliberal, si es que, -según podría colegirse de algunos anuncios y posiciones del candidato verde-, se mantuviera total o parcialmente bajo su gobierno. Pero la izquierda actuaría así en un ambiente político e institucional que, en términos generales, significaría la observancia de la Constitución y la ley, algo que -aún en el contexto de la opresión y la explotación social y del avasallamiento foráneo- siempre fue preferible para el mundo del trabajo.

Si esto es lo que puede vislumbrarse, las fuerzas democráticas en su conjunto deben respaldar a Mockus. Lo deseable sería que este apoyo se expresara mediante una coalición, y por consiguiente, con un programa común acordado entre las fuerzas participantes, cuya realización se llevaría a cabo por el nuevo gobierno, con la participación de los integrantes de la coalición, o sea, mediante el cogobierno del que ha hablado Petro. Sin embargo, dadas las aristas de autosuficiencia o prepotencia exhibida por el núcleo de los verdes, debe procederse en la forma más pragmática posible.

La actitud de los líderes verdes no ha propiciado hasta ahora ningún acuerdo entre todas las fuerzas democráticas; tampoco los de las otras fuerzas democráticas, incluido el Polo, han persistido suficientemente en proponerlo, con lo cual quedó prácticamente descartado antes del 30 de mayo. Por tanto, de haber segunda vuelta, estos últimos aún podrían tomar la iniciativa de proponer dicho acuerdo sobre la base de un programa común, un co-gobierno y el apoyo conjunto a la candidatura de Antanas Mockus. Pero no para embarcarse en laberínticas negociaciones para las cuales no habría tiempo en los 20 días restantes, sino, más que todo, para establecer si en la orilla verde habría disposición para el entendimiento. Puesto que de no haberla -demandada y obtenida una respuesta de los verdes con la celeridad que imponen las circunstancias-, entonces cada una de las fuerzas democráticas tendría que decidir si se lanza por el camino de la abstención y el voto en blanco, que objetivamente favorecerían a Juan Manuel Santos, o si siguiendo el norte del sentido común, decide plantearle al país que respaldará la candidatura de Mockus sin acuerdo programático previo, y que lo hace en aras de que Colombia resuelva de inmediato el problema principal que la aqueja, la necesidad de impedir la continuidad del régimen uribista, de iniciar la liberación de Colombia de la pesadilla del paramilitarismo, es decir, en palabras del programa de Petro, para satisfacer la urgencia de separar las mafias de la dirección del Estado, y de darle paso a un gobierno que se constituya y se ejerza conforme a las reglas básicas de un Estado de derecho.

Una decisión tal permitiría, frente a la eventualidad de un gobierno de Mockus, declararse en libertad para constituirse en oposición o para apoyar la política y las medidas del mismo, según la naturaleza de sus decisiones, dependiendo de si estas continúan acentuando el deterioro de las condiciones esenciales de vida del pueblo y atentando contra el desarrollo nacional, o de si contribuyen al bienestar social, a elevar el nivel de vida de nuestra gente y a impulsar el crecimiento económico del país. Comentario aparte merecerían cuestiones de fondo, dadas las conocidas opiniones de Mockus sobre ellas, como el acuerdo sobre las bases militares gringas, el TLC con Estados Unidos y el que se fragua con la Unión Europea, la posición frente a la legislación laboral, a la salud pública y la seguridad social, a la privatización de empresas y funciones del Estado, al igual que frente a las necesidades de la educación pública.

Si así sucediera y Mockus lograra ganarle la batalla por la presidencia a Santos, el país y la izquierda podrían darse, pese a todo, por bien servidos. Se comenzaría a despejar la siniestra sombra del Estado mafioso, y en cuanto a la superación del viejo modelo económico, antisocial y antinacional, debe anotarse que Latinoamérica y el mundo ya no padecen su momento de auge sino que perciben su ocaso. Aunque la Unión Europea presione a Grecia con el cumplimiento de los viejos cánones, la gran recesión de Estados Unidos, sin precedentes en los últimos 70 años, impuso un paquete de medidas de cierta contención y control del libertinaje de mercado, que si no resolverá la inherente tendencia hacia la crisis del capitalismo, por lo menos servirá para empañar más el pretendido lustre de las teorías y del esquema neoliberal en decadencia. Es claro que en ese ambiente político global, el añoso prestigio del neoliberalismo terminará cada vez más venido a menos en nuestro país, y podremos proseguir la lucha por las condiciones básicas de la vida del pueblo en mejores condiciones.                  

¿Segunda vuelta y fraude?

Dado el visible incremento del interés público en estas elecciones presidenciales, particularmente de los jóvenes  -claramente registrado en las encuestas-, puede esperarse un significativo o notable incremento de la votación que supere el tradicional 50 por ciento y más de abstención del potencial votante[3]. Ello nos muestra que estas elecciones han provocado una expectativa sin precedentes por sus resultados y, por ello mismo, un mayor grado de politización de la sociedad colombiana.  

Las encuestas han pronosticado aproximadamente los resultados de las dos últimas elecciones presidenciales; cabría esperar, entonces, que el vaticinio que hoy se desprende de ellas, el de que la segunda vuelta entre Antanas Mockus y Juan Manuel Santos es prácticamente inevitable, sea un hecho con el que hay que contar. Para el 30 de mayo, hasta ahora, según algunas encuestas, hay un “empate técnico” entre Mockus y Santos y aunque el 7 por ciento de votantes indecisos se inclinara por uno u otro, no sería suficiente para alcanzar la mitad más uno de los votos requerida para ganar en primera vuelta[4]. La principal fortaleza de Mockus consiste en la fuerza del voto que prefiere una opción distinta al uribismo, y en ese contexto, sus principales votantes se hallan en la franja de los jóvenes entre 18-24 años, mientras que la de Juan Manuel Santos radica en las poderosas prerrogativas del Estado central puestas al servicio de su campaña, de lo cual es elocuente muestra la abierta e irregular participación del presidente Uribe en el debate presidencial, sin control institucional alguno, a favor de su candidato.

Cabe añadir otra diferencia, claramente favorable a la candidatura continuista: al paso que el liderazgo del bando que quiere aglutinar la campaña de Juan Manuel Santos recae en el propio presidente de la república, y que este ha ordenado sin ambages la estrategia de unificar la coalición de gobierno, en el campo de las fuerzas democráticas no hay un liderazgo indiscutido, y una política de alianza entre las mismas, dista mucho de asumirse o de tener posibilidades de realización a la vista. En tanto que Álvaro Uribe reúne en Palacio al grueso del uribismo para trazarle línea, las campañas de Petro, Mockus y Pardo apenas mantienen tibias o nulas relaciones, al tiempo que de las filas amarillas se elevan imprecaciones a granel contra  el candidato de las huestes verdes motivadas por sus declaraciones.                    

Para la segunda vuelta que se anuncia, Mockus todavía mantiene una estrecha ventaja sobre Juan Manuel Santos, de modo que las encuestas, que registran la intención de seguidores de las demás candidaturas que llegarían hasta la primera vuelta, de votar por uno u otro de los dos contendientes finales, le dan la opción de ser elegido presidente. Sin embargo, es sabido que en materia de pronósticos, las encuestas deben asumirse cum grano salis, pues constituyen instántaneas de un momento político, material informativo necesario para basar juicios de apreciación o de previsión, con valor actual, inmediato, pero que se debilita a medida que pasa el tiempo, y entre las encuestas aludidas y la votación definitiva de segunda vuelta, transcurrirían semanas. No deja de tener sólido fundamento la advertencia que nos hizo, abogando por el respaldo a Mockus ya desde la primera vuelta, como forma más posible de que gane las elecciones presidenciales, un ilustre columnista de El País:

A pesar de lo que dicen las encuestas, según las cuales en una eventual segunda vuelta entre Santos y Mockus, el ganador sería Antanas, la verdad es que esa posibilidad resulta remota. Una cosa es enfrentar a la coalición uribista dividida en tres partes, como está ahora, y otra muy distinta enfrentarla unida y con todo el establecimiento -léase gobierno-, haciendo fuerza por detrás[5].

Podría objetársele que no son pocos los problemas que afronta la estrategia de Álvaro Uribe de unificar la coalición de gobierno. Que le faltan muchas asperezas por limar con Noemí Sanín. Que resulta muy problemático recibir el apoyo del PIN por la puerta del frente. Que Vargas Lleras se desdijo de su apoyo a Santos en segunda vuelta, después de la contundente denuncia de Petro en el Senado sobre la inclusión del nombre del candidato de Cambio Radical en los papeles del DAS dedicados a la “guerra política”. Pero podría replicarse: que la Sanín ha estado en todos los gobiernos y que ya buena parte del conservatismo está con Santos; que el apoyo del PIN puede arreglarse a la postre con un acuerdo por la puerta trasera. Lo de Vargas Lleras es más incierto pero debe tenerse en cuenta que si el conjunto del uribismo lograra unificarse en la segunda vuelta, en lugar de la dispersión en tres segmentos con que irá a la primera vuelta, podría reunir, tomando como referencia la sumatoria de lo obtenido por sus fracciones en las elecciones de Congreso,  más de 7 millones de votos.

Como fuere, en el ínterin de la primera a la segunda vuelta, uno o múltiples factores podrían alterar, hacia uno u otro de los dos candidatos, la declarada intención de voto. Por ejemplo, y no obstante la considerable proporción de votantes de la campaña de Germán Vargas Lleras que según las encuestas se inclinarían por Santos, una cosa sucederá si en efecto resuelve apoyar la candidatura uribista y otra, muy distinta, si, por el contrario, decide descartarla. Otro tanto se puede decir de los votantes del  Polo: algo irá de que Petro declare su apoyo a Mockus a que se lo niegue o llame a votar en blanco. Lo propio cabe agregar con relación a la ocurrencia de un suceso extraordinario y no previsto de índole política, social o  económica: influirá sin duda en que se eclipse o brille la estrella de Colombia.        

En cuanto a la posición a tomar en esta hipotética segunda vuelta, si se adopta el punto de vista de que el objetivo más importante del país hoy es librarse del uribismo en el poder, sacudírselo definitivamente, para que pueda proseguirse, en mejores condiciones políticas, la batalla por las transformaciones de fondo de la sociedad colombiana, entonces puede concluirse que el buen desenlace del debate presidencial en curso, trascendente para la suerte de esta esquina norte de Sur América, clama porque, si no la totalidad, la mayor parte de las fuerzas democráticas, se ubiquen del lado que puede inclinar la balanza contra la candidatura de Juan Manuel Santos, el personero del continuismo uribista. Y ese lado es el que representa la candidatura de Antanas Mockus.

Debo precisar, en fin, que si hay segunda vuelta, la votación será muy reñida y, en todo caso, las huestes del adversario contarían con una mayor concentración de sus fuerzas.  Paréceme que si sólo estuvieran sobre la mesa las preferencias de los distintos sectores sociales sobre las candidaturas  -que es lo que miden las encuestas-, podría corroborarse con un grado razonable de certidumbre, que la segunda vuelta es inevitable. Y que, de ser así, para dilucidar una posición sobre las presidenciales bastaría con los criterios ya expresados. Pero ocurre que en estas presidenciales colombianas están presentes dos factores fuera de lo habitual. El primero consiste en que, manifiestamente, Estados Unidos no respalda la continuidad del régimen  uribista. Así lo revela una secuencia de hechos: el Informe del Departamento de Estado norteamericano sobre la situación de derechos humanos en lo relativo a Colombia, la suspensión de la ayuda financiera norteamericana al DAS, las declaraciones de Salvatore Mancuso desde su reclusión en Norteamérica, revelando que Juan Manuel Santos le propuso crear el “Bloque Capital” paramilitar, y, por supuesto, la clarísima opinión de Obama a Uribe sobre la reelección de este, en el sentido de que dos períodos “son suficientes”. Por regla general, el gobierno gringo ha respaldado la candidatura presidencial que representa los intereses más regresivos del país y un grado de obsecuencia satisfactorio a sus expectativas imperiales. En esta ocasión, por razones que no tenemos tiempo de comentar aquí, no es así, y el hecho es excepcional.

El otro factor reside en la peculiar situación del círculo gobernante, con Álvaro Uribe a la cabeza. Su régimen ha sido asediado por una cadena de hechos adversos, entre los cuales sobresalen el fallo negativo de la Corte Constitucional a las pretensiones reeleccionistas del presidente, la protesta social por los decretos de Emergencia social en salud, el escándalo por las revelaciones de la “guerra política” del DAS, el llamado a juicio del ex ministro Sabas Pretelt por el caso de la “Yidispolítica”, y la reciente denuncia hecha por un ex mayor de la Policía nacional en Buenos Aires, en el sentido de que la finca de Santiago Uribe, La Carolina, servía de asentamiento a escuadrones de la muerte en Antioquia en la época en que su hermano, el actual presidente de Colombia, era senador de la república[6]. Sin olvidar la indignación pública por otros escándalos, como los de Agroingreso Seguro y los negocios de los hijos del Ejecutivo, ni la divulgación reciente de la Fiscalía sobre colaboración de paramilitares con oficiales del Ejército y la Policía en cientos de casos de “falsos positivos”…

De los dos factores mencionados, el primero favorece visiblemente la candidatura de Antanas Mockus -y puede decirse que en general al amplio campo de la democracia colombiana-, mientras que el segundo opera abiertamente en contra de la de Juan Manuel Santos, es decir, contra la continuidad del régimen uribista.

De cualquier modo, los dos factores sumados actúan contra Uribe y su círculo. La inquietud que se suscita enseguida es la de si el hacendado del Ubérrimo y sus amigos, casi acorralados y ante la inminencia de perder el poder, deciden, como recurso extremo, echar mano del  fraude o acudir a métodos de fuerza. No hay encuesta que se ocupe de medir un efecto tal como el que aquí se plantea.

Bien podría suceder lo que ya ocurrió con la actitud del gobierno Uribe respecto del fallo de la Corte Constitucional sobre el referendo reeleccionista. Que, luego de la visita de la CIA a Palacio en la víspera del trascendental veredicto, el mismo presidente, quien unos días atrás pusiera el “Estado de opinión” por encima de todo, incluso de los máximos tribunales, dio marcha atrás y exclamó que acataría el fallo de la Corte puesto que había que preservar el Estado de derecho. Naturalmente que de por medio estuvo el largo y poderoso brazo del imperio. Y si tan persuasiva mediación del Tío Sam tuvo lugar entonces, a propósito del fallo que decidía si había o no referendo, no hay razones para pensar que vaya a dejar de tenerlo ahora, cuando lo que está en juego es la jefatura del Estado colombiano. Es decir, que ante la enorme presión  del Big Brother de América, Uribe y sus correligionarios podrían tener que resignarse a permanecer pasivos mientras transcurre el certamen de la democracia para elegir el próximo inquilino de la Casa de Nariño.

Nuestras aprensiones nacen de una simple reflexión: si el uribismo se valió del fraude electoral  ya desde el 2002, ¿por qué dejaría de hacerlo en el 2010?, ¿cuando está claro que si resulta derrotado perdería no sólo el poder sino que, muy seguramente, su dirigencia -empezando por Uribe-  se vería envuelta en juicios criminales que podrán terminar con ella en la cárcel?  Por otro lado, de tomar la cúpula del uribismo una decisión de tal envergadura, ¿escogería para ello la primera o la segunda vuelta? La lógica indicaría que, de decidirse, el fraude ocurriría en la segunda vuelta, en la que, según las previsiones de las encuestas, el uribismo podría contar con una mayor concentración de sus huestes y la diferencia de la ventaja que obtendría Mockus sería menor que la prevista semanas atrás para la vuelta final.

Por supuesto, no dispongo de elementos que permitan responder siquiera el interrogante de si el uribismo decidirá en definitiva valerse del fraude o no, teniendo en cuenta los factores planteados. No obstante, subrayo que los factores no habituales mencionados juegan y jugarán un papel el 30 de mayo y que las decisiones políticas deben tomarlo en cuenta. Con lo cual quiero decir que, en presencia de los factores aludidos, es considerablemente grande el margen de incertidumbre respecto de si habrá o no segunda vuelta.

Por lo demás, ante la presunción de que, si llegare a decidirse, el fraude tendría lugar en la segunda vuelta, debo consignar una salvedad: experiencias clásicas muestran que las cosas no discurren siempre por el lineal cauce de la lógica. Stalin esperaba, durante la segunda guerra mundial, que para tomar la decisión de atacar a la Unión Soviética, Hitler tendría primero que haber completado el sometimiento de Europa con la derrota de Inglaterra. Pero Hitler decidió lanzar la invasión alemana sobre el territorio soviético sin vencer antes a Inglaterra, cuando las defensas soviéticas no estaban aún preparadas y tomándolas por sorpresa, inesperada agresión cuyo solo inicio costó a la URSS varios millones de muertos, el arrasamiento de su territorio y el sitio nazi de Leningrado, Moscú y Stalingrado. Stalin actuaba según una impecable lógica guerrera: para atacar al país de los Soviets los nazis necesitaban tener antes el control de las materias primas, la industria,  la flota inglesa y la posición estratégica de las islas británicas, pero no fue así como procedió Hitler. Aplicada a nuestro país y a nuestros días, la experiencia podría resumirse en el sentido de que, antes que esperar que los acontecimientos se desenvuelvan de acuerdo con la lógica, podría valer más precaverse o prepararse para el peor curso posible de los mismos.

 Como es evidente que hoy no se ve que Mockus reúna la suficiente fuerza para ganar en la primera vuelta, sólo cabe esperar que nada anómalo sobrevenga el 30 de mayo y que haya condiciones para una segunda. Y que en ella, con el concurso de todo el campo democrático, el triunfo de Mockus por fin sea.  

Bogotá, martes 25 de mayo de 2010