¿Cuál es la trascendencia del debate sobre el presupuesto para 2016 en el Concejo de Bogotá?

Por Yezid García, concejal de Bogotá

Por amable invitación del director de Informativo CUT Bogotá Cundinamarca, presento a sus lectores unas reflexiones que he hecho en el cabildo distrital sobre la importancia de aprobar un presupuesto para el año 2016 que deje asegurada la financiación de programas sociales claves para los sectores más vulnerables de la capital. Esa es la esencia del presupuesto presentado por la Bogotá Humana.

Sin embargo, la irracionalidad de la oposición a Petro, para los que aún tienen dudas de ello, queda nuevamente demostrada con lo sucedido en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá.

Después de haberse aprobado las ponencias positivas del Proyecto de Acuerdo 377 de 2015, correspondiente al Presupuesto Distrital de 2016, con 8 votos a favor y 4 en contra, sorpresivamente, al otro día fueron negados el título y las atribuciones de dicho proyecto. Los concejales Miguel Uribe, Marco Fidel Ramírez, María Victoria Vargas, Juan Carlos Flórez, Clara Lucía Sandoval y Fernando Vásquez votaron en contra de esta iniciativa, negando la posibilidad de que el Concejo de Bogotá decidiera sobre este tema de vital importancia para el Distrito.

Los miembros de la oposición a la Bogotá Humana en el Concejo Distrital han llevado, sin proponérselo, a que sea el alcalde Petro, que tuvo toda la voluntad política para llegar a un acuerdo en el Concejo, quien expida por decreto el presupuesto para el primer año del gobierno de Peñalosa.

Hay ciertos sectores, enceguecidos por el sectarismo político, que han criticado duramente que en Bogotá haya un subsidio a los estratos 1 y 2 en el consumo de agua (6 metros cúbicos mensuales gratuitos), y que exista, además, un subsidio al transporte, tanto en el Transmilenio como en el Sitp. Les parece “inconcebible” que fondos públicos se destinen a aliviar necesidades de los más pobres y vulnerables.

Pero, esos mismos sectores, cínicamente, callan cuando se destapan hechos tan graves, como que a través del llamado “cargo por confiabilidad” se le han entregado a los dueños de las empresas generadoras de energía, tanto térmicas como hidráulicas, la mayoría de ellas de capital extranjero, la astronómica suma de 16 billones de pesos como subsidio en nueve años, sin que esos subsidios hayan frenado las consecuencias del fenómeno del Niño sobre la generación eléctrica y el alza desmedida de tarifas. Y callan también ante el nuevo hecho anunciado por el ministro de Minas y Energía, de entregarles a las empresas generadoras la suma de 3,3 billones de pesos adicionales en los próximos tres años vía alza de tarifas a los consumidores, con lo que se totalizan 19,3 billones extraídos de los bolsillos de los colombianos.

¡Los neoliberales se rasgan las vestiduras ante un alivio para los pobres pero justifican billones para subsidiar al capital extranjero!

También rechacé las declaraciones ofensivas contra la presencia de la izquierda en la alcaldía de Bogotá por 12 años, presencia que se la ganó electoralmente, no en un concurso de méritos ni en un bingo. El talante democrático es respetar los gobiernos elegidos popularmente hasta que estos gobiernos cumplen el periodo legal y constitucional. Petro y la Bogotá Humana van hasta el 31 de diciembre y antes no puede pretender Peñalosa ni los concejales peñalosistas gobernar a Bogotá.

Se ha dicho de manera imprecisa y por sectarismo político que este es un presupuesto “clientelista” porque sube astronómicamente la cifra para funcionamiento y reduce la cifra para inversión. Quiero recordar que para el 2015 el presupuesto fue de 17,3 billones de pesos, distribuidos en 83% para inversión, 12,5% para funcionamiento y 4,5% para servicio de la deuda; el presupuesto de hoy tiene 81% para inversión, 16% para funcionamiento y 3,2% para el pago de la deuda, entonces ¿dónde están las diferencias sustanciales entre este presupuesto y el anterior que le otorgue el calificativo de un presupuesto “clientelista” para favorecer con contratos y OPS a la gente cercana a la Administración?

No puede pasar desapercibida en este Concejo la deuda de 944.620 millones de pesos que tienen las EPS con la red pública hospitalaria, ni la cifra de 190.000 millones de pesos que son de dudoso recaudo por el hecho de que esas EPS fueron liquidadas, pero tal recaudo debe estar respaldado por el Gobierno, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. Aquí hay que fijar una posición sobre eso. ¿De manera que la red pública hospitalaria cumple metas y compromisos de racionalización de gastos, de lucha contra la corrupción, pero las EPS no cumplen y están poniendo en riesgo esta la red pública para favorecer, lo que se ve venir en los próximos 4 años, la privatización de algunos sectores de la salud y de la educación?

Los programas que tienen que ver con la gente, con el desarrollo de Bogotá, trascienden de una administración a otra pero, evidentemente, la próxima administración quiere cambiar el enfoque de la inversión en el Distrito; aun así, el presupuesto del año entrante tiene que ver con el Plan de Desarrollo de los programas de la Bogotá Humana, debe dejarle recursos necesarios a la nueva administración para que no se suspenda ningún programa por falta de recursos, y si los van a suspender que sea por decisión política y que se asuman los costos de esa decisión.

En ese sentido, quiero expresar mi preocupación por dos sectores, primero el de Integración Social; me parece que la reducción afecta programas vitales que deben ser vueltos a discutir en el Concejo. Yo formalmente solicité el incremento del presupuesto de Integración Social para los programas 735 y 760 que tienen que ver con infancia y adolescencia, discapacidad, adulto mayor, todos temas recortados. Si el señor Peñalosa quiere cambiar de énfasis que lo cambie, pero hagamos un esfuerzo con voluntad política para incrementar el presupuesto de esos programas sensibles, que requieren un aumento de 100 mil millones aproximadamente para que culminen hasta diciembre de 2016.

Expresé también mi preocupación por el programa Jóvenes en Paz. Estamos ad portas de un acuerdo de paz en marzo del año entrante. En Bogotá hay que cerca de 400 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan, según cifras del concejal Juan Carlos Flórez, yo tengo una cifra más alta, cerca de 600 mil, pero no importa quién tiene la razón, tan grave es una cifra como la otra. ¿Vamos a dejar 400 mil jóvenes entre 14 y 28 años expuestos a que todos los días se jueguen la vida en la línea divisoria entre la legalidad y la ilegalidad? ¿Quién le va a ayudar a esa generación? ¿La empresa Claro? ¿Sabmiller? ¿Las grandes empresas y multinacionales? No, le toca al Estado en cabeza del Distrito ayudar a que esos jóvenes no se pierdan. Por eso llamo a que ese programa Jóvenes en Paz se fortalezca y se le otorguen los recursos necesarios para que así pueda aportar el Distrito su obligación con los jóvenes vulnerables en los tiempos posteriores a la firma del acuerdo de paz.

Vale la pena insistir en algunas cifras sobre la real situación de la red pública hospitalaria de Bogotá. Esa red, compuesta por 22 instituciones (Empresas Sociales del Estado), hoy tiene saneada su situación financiera por el cumplimiento de los compromisos de gestión, facturación, recaudo, racionalización de gastos y de lucha contra las prácticas corruptas. Sin embargo, el incumplimiento de las EPS en el pago de los servicios que a sus afiliados les presta la red pública, constituye una tronera gigantesca que amenaza gravemente el futuro de esos hospitales.

A 30 de septiembre, las EPS adeudaban $944.620 millones a los hospitales públicos, cifra que representa el 80% de la venta de servicios de la red en 2015 ($1.180.715 millones). A largo plazo, ninguna empresa pública o privada es sostenible financieramente con esa magnitud de cartera. Del total de la deuda, $190.000 millones corresponden a cuentas irrecuperables, porque algunas EPS fueron liquidadas y ni los dueños ni el Gobierno Nacional ni la SuperSalud han respondido por las deudas. Esta realidad debe complementarse con la observación crítica que en la red pública no se ha avanzado en los compromisos de formalización laboral de los trabajadores distritales de salud.

El pueblo de Bogotá, en particular el movimiento sindical, y los demócratas todos, deben declararse en pie de lucha para enfrentar la andanada neoliberal que se viene con la administración Peñalosa. Los neoliberales vienen por todo: privatización de la educación, la salud, las empresas distritales –Acueducto, Teléfonos, Energía, entre otras–; desmonte de la inversión social, múltiples atentados ecológicos, en fin, la administración distrital al servicio del gran capital, de la segregación, de los constructores, y contra la democracia, la inclusión social y la defensa del medio ambiente.